El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ordenó discretamente a fiscales federales en Miami detener posibles investigaciones penales contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien figuraba en el radar de la DEA desde 2018, según funcionarios y exfuncionarios citados por The Associated Press.
Aunque no está claro si existía una acusación en curso, un portavoz del Departamento de Justicia aseguró que “nunca hubo una investigación sobre ella que cerrar”. Sin embargo, documentos de la DEA muestran que Rodríguez era objeto de interés por presuntos vínculos con redes de narcotráfico y contrabando de oro, sin haber sido acusada formalmente.
De acuerdo con las fuentes, la instrucción de pausar el escrutinio buscaba no obstaculizar los esfuerzos de Washington para estabilizar Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. “A todos se les ha dicho que se detengan”, señaló uno de los exfuncionarios consultados.
Tras esos movimientos, el gobierno estadounidense levantó sanciones contra Rodríguez y la reconoció como la jefa de Estado legítima, permitiéndole reabrir contactos con bancos e inversionistas norteamericanos. Trump incluso la calificó como una “persona estupenda”, elogiando su cooperación y señalando avances en la producción petrolera.
Pese al acercamiento, legisladoras demócratas como Jeanne Shaheen y Elizabeth Warren criticaron la decisión de eliminar sanciones sin evidencia de cambios democráticos. En una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtieron que Rodríguez fue una figura clave del “régimen represivo” de Nicolás Maduro.
Rick de la Torre, exjefe de estación de la CIA en Caracas, opinó que frenar la investigación responde a una estrategia diplomática. “Es marxista de toda la vida y dirigente de un régimen corrupto, pero Estados Unidos le está dando oxígeno e incentivos para abrir el país a la inversión”, expresó, aunque advirtió que “su utilidad tiene fecha de caducidad”.
La DEA habría mencionado a Rodríguez en múltiples investigaciones en oficinas de Paraguay, Ecuador, Phoenix y Nueva York, algunas aún activas este año. Incluso habría sido vinculada con el empresario Alex Saab, arrestado en 2020 por lavado de dinero.
El caso ocurre mientras el gobierno estadounidense también modera indagaciones sobre otros líderes de izquierda en la región, incluido el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien la DEA catalogó como “objetivo prioritario”, aunque sin cargos formales.
Duncan Levin, exfiscal federal en Brooklyn, advirtió que detener pesquisas por motivos políticos “sería profundamente preocupante”. Agregó que “la Casa Blanca no puede usar la aplicación de la ley penal como un interruptor diplomático”.
