Las autoridades federales de Estados Unidos planean invertir $38,300 millones para ampliar la capacidad de detención de inmigrantes a 92,600 camas, según un documento divulgado el viernes. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) habría comenzado a adquirir almacenes en distintas zonas del país con el propósito de convertirlos en centros de procesamiento y detención.
La gobernadora republicana de Nueva Hampshire, Kelly Ayotte, publicó el documento en línea tras conocerse que el ICE pretende transformar un almacén en Merrimack en un centro con 500 camas, lo que ha provocado tensiones locales.
El plan contempla 16 centros regionales con capacidad para entre 1,000 y 1,500 detenidos, con estancias promedio de tres a siete días. Además, otros ocho centros de detención a gran escala podrían albergar entre 7,000 y 10,000 personas por periodos de hasta 60 días. También se contempla la adquisición de diez “instalaciones llave en mano”.
El objetivo es que todas las nuevas instalaciones estén operativas para noviembre. La expansión —valorada en 45,000 millones de dólares— estaría financiada mediante la reciente ley de recortes contributivos promulgada por el presidente Donald Trump.
A mediados de enero, el ICE mantenía a más de 75,000 inmigrantes detenidos, en comparación con los 40,000 que había un año antes, según cifras oficiales. El documento filtrado menciona “instalaciones no tradicionales” y confirma la compra de al menos siete almacenes en estados como Arizona, Georgia, Maryland, Pensilvania y Texas, algunos con más de 92,900 metros cuadrados.
Sin embargo, la adquisición de propiedades en seis ciudades no se concretó ante la negativa de los propietarios, presionados por activistas. En otros lugares, como Nueva York, las negociaciones continúan avanzando.
El director interino del ICE, Todd Lyons, aseguró que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha colaborado con Ayotte y que le proporcionó un análisis económico. La gobernadora negó tal afirmación, señalando que el informe se le envió horas después del testimonio de Lyons ante el Congreso.
El documento también incurre en errores, como referirse a impuestos inexistentes en Nueva Hampshire y a un supuesto impacto económico en Oklahoma. “Los comentarios del director Lyons son otro ejemplo del preocupante patrón de problemas con este proceso”, expresó Ayotte. “El DHS sigue sin ofrecer detalles sobre el plan para Merrimack ni estudios de impacto”.
Consultado sobre las declaraciones de Ayotte y el documento, el DHS no ofreció comentarios. No obstante, un portavoz reiteró que las nuevas instalaciones no son “almacenes”, sino centros de detención que cumplirán con los estándares federales establecidos.
