Fiscales federales entregaron seis citaciones judiciales a funcionarios de Minnesota como parte de una investigación sobre posible obstrucción a agentes federales durante una operación migratoria en el área metropolitana de Minneapolis-St. Paul. Según una fuente citada por The Associated Press, las citaciones fueron enviadas a las oficinas del gobernador Tim Walz, el fiscal general Keith Ellison, el alcalde de Minneapolis Jacob Frey, la alcaldesa de St. Paul Kaohly Her y a funcionarios de los condados de Ramsey y Hennepin.
La pesquisa busca determinar si las declaraciones públicas de algunos de estos funcionarios pudieron obstaculizar la aplicación de las leyes federales de inmigración, en aparente violación de un estatuto sobre conspiración. Walz y Frey, ambos demócratas, calificaron la acción como una táctica de intimidación política. Frey denunció que su oficina debe entregar el 3 de febrero todo registro sobre cooperación con agencias federales. “No deberíamos tener que vivir en un país donde la gente tema que las agencias policiales federales se utilicen para politiquería”, advirtió.
Kaohly Her confirmó también haber recibido una citación y sostuvo que permanece impasible ante lo que considera tácticas de presión. Por su parte, la oficina del gobernador acusó al gobierno federal de buscar distracciones más que justicia. El Departamento de Justicia, sin embargo, tachó de “frívola” una demanda interpuesta por el estado para frenar las redadas tras la muerte de Renee Good a manos de un agente de inmigración. “En pocas palabras, Minnesota quiere un veto sobre la aplicación de la ley federal”, expresaron los abogados del gobierno.
Keith Ellison argumentó que las redadas vulneran la libertad de expresión y otros derechos constitucionales. La demanda, presentada el 12 de enero, busca detener las operaciones, aunque aún no se ha fijado decisión judicial. Para el profesor Ilan Wurman, experto en derecho constitucional de la Universidad de Minnesota, el argumento estatal difícilmente prosperará, al destacar que “la ley federal es suprema sobre la ley estatal”.
El comandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, informó que más de 10,000 personas sin estatus legal han sido arrestadas en Minnesota en el último año, incluyendo 3,000 durante las seis semanas recientes de la llamada Operación Metro Surge. Dijo que los detenidos incluyen a individuos con antecedentes penales de Laos, Guatemala y Honduras. Activistas como Julia Decker, del Centro de Derecho de Inmigrantes de Minnesota, cuestionaron la falta de transparencia en las cifras y temen por el trato a las personas arrestadas.
La tensión aumentó tras la muerte de Good, de 37 años, quien fue baleada el 7 de enero por un agente del ICE, identificado como Jonathan Ross. Según el gobierno, el disparo fue en defensa propia, aunque videos muestran que el vehículo de Good se alejaba lentamente. Desde entonces, las protestas han sido constantes, con enfrentamientos entre manifestantes y agentes migratorios. Bovino defendió a sus “tropas”, asegurando que sus acciones son “legales, éticas y morales” y acusó a los manifestantes de ser “agitadores” y “anarquistas”. Entretanto, el jefe de policía de Brooklyn Park, Mark Bruley, denunció que agentes federales han detenido a policías locales fuera de servicio y a residentes estadounidenses sin justificación.
