Desde finales de 2021, el Departamento de Educación ha acumulado $57.8 millones en créditos de energía eléctrica, resultado de correcciones en la facturación, ajustes por estimaciones erróneas y la cancelación de servicios en desuso. La mayor parte de esta cantidad, unos $21.7 millones, corresponde al año fiscal 2022-2023, mientras que en el presente ejercicio fiscal la cifra asciende a $3.6 millones.
La directora de la Oficina de Servicios Generales de Educación, Johanelly Maldonado, explicó que la agencia ha presentado 10,431 reclamaciones ante LUMA Energy por un total de $90.5 millones, de los cuales se han reconocido $57.8 millones. “Uno de los hallazgos más relevantes ha sido la identificación inicial de escuelas cerradas con servicio eléctrico activo”, señaló.
Los datos fueron presentados durante una audiencia pública de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, presidida por Víctor Parés, como parte de la investigación sobre el pago por servicio eléctrico en las escuelas públicas, conforme a la Ley del Programa de Medición Neta en la Autoridad de Energía Eléctrica (Ley 114-2007).
Maldonado indicó que el Departamento implementó a finales de 2021 el sistema MIGS (Monitor Inteligente de Gastos y Servicios), una herramienta que permite centralizar el monitoreo de facturación, detectar anomalías, generar reclamaciones y ejercer control sobre el gasto energético. Actualmente, el sistema supervisa 1,557 cuentas de luz correspondientes a unas 850 unidades escolares. Educación paga anualmente entre $41 y $54 millones por este servicio.
Gracias al MIGS, se han generado alertas automáticas de aumentos en consumo o facturación, con el fin de evitar pagos indebidos y actuar con rapidez ante inconsistencias. La funcionaria añadió que, desde su implementación, se han eliminado 446 cuentas que permanecían activas en facilidades cerradas del Departamento. En la actualidad, 135 escuelas cuentan con sistemas solares, especialmente aquellas designadas como refugios.
Al ser cuestionada sobre si antes de 2021 la agencia realizaba reclamaciones por cobros irregulares, Maldonado respondió que “no tengo constancia sobre eso”. Añadió que, aunque la comunicación con LUMA ha mejorado, “todavía no estamos conformes… Seguimos teniendo situaciones con montos en exceso, con estimados, y somos muy meticulosos con el pago de las cuentas”.
Por su parte, la licenciada Saraí Ruiz Maisonet, directora de Política Pública de Educación, propuso enmiendas a la Ley de Transformación y Alivio Energético (Ley 57-2014) para facilitar la objeción de facturas y activar investigaciones. Explicó que el Artículo 6.27 del estatuto exige que, antes de iniciar una investigación, el cliente pague el promedio de las facturas no disputadas de los últimos seis meses, lo que calificó de requisito “oneroso” y una posible barrera para la agencia.
Ruiz Maisonet sugirió eximir al Departamento de esa obligación o permitir un plazo de 90 días tras presentar la reclamación para realizar el pago correspondiente. “LUMA no ha dejado de recibir las reclamaciones, pero cada vez que hacemos una, nos hacen la advertencia legal. Entendemos que hay un tema de fondos públicos que se debe atender”, concluyó Maldonado.
