El Departamento de Educación obtuvo una puntuación global de 3.10 —en una escala del 0 al 4— en el más reciente informe de la monitora del pleito de clase Rosa Lydia Vélez, correspondiente al año escolar 2024-2025. Aunque la agencia alcanzó un nivel de cumplimiento catalogado como satisfactorio, los resultados muestran rezagos en áreas claves relacionadas con los servicios directos a estudiantes de Educación Especial.
Cuando se consideran únicamente las 67 estipulaciones activas que aún requieren seguimiento, el promedio baja a 3.02. La sentencia, firmada en 2002, contiene originalmente 87 estipulaciones, de las cuales 14 fueron desactivadas y seis archivadas administrativamente. “El promedio de las 67 estipulaciones activas que requieren seguimiento es de 3.02. El promedio de todas las estipulaciones activas […] es ligeramente mayor, de 3.10”, detalla el documento presentado en febrero.
El informe indica que la mayoría de las estipulaciones (50 de 67) están en cumplimiento: 31 con nivel 4 (alto) y 19 con nivel 3 (satisfactorio). Sin embargo, siete obtuvieron puntuación de 2, siete alcanzaron un 1 y tres recibieron 0, ya sea por falta de datos o por datos inaceptables. Dos de las estipulaciones con nota de 0 se relacionan con evaluaciones y reevaluaciones dentro de los plazos del remedio provisional, así como con la notificación de reducciones en recursos para Educación Especial.
La monitora solicitó 15 planes de acción correctiva para atender las deficiencias. Entre las áreas con mejor desempeño se encuentran registro, referidos para evaluaciones iniciales y determinación de elegibilidad, todas con una puntuación perfecta de 4.0. También se destacó el cumplimiento alto en la divulgación de información sobre el programa, la preparación de Programas Educativos Individualizados (PEI), el manejo de querellas, la transición postsecundaria y los servicios a estudiantes en escuelas privadas.
En contraste, las métricas con menor puntuación incluyen el ofrecimiento de servicios mediante remedio provisional, las evaluaciones especializadas, la provisión de terapias, la entrega de equipo de asistencia tecnológica y la eliminación de barreras arquitectónicas. “El promedio del nivel de cumplimiento de las estipulaciones relacionadas directamente con el ofrecimiento de los servicios es 2.45”, señala el documento, aclarando que el nivel 2 se considera mínimo aceptable.
Según Educación, los estudiantes elegibles para el programa en 2024-2025 podían recibir 563,855 servicios, de los cuales se ofreció el 86.9%, equivalente a 489,755 servicios. El cumplimiento varía por tipo: desde el 18.5% en servicios médicos hasta el 99.8% en consejería y orientación para padres.
En el ciclo 2023-2024, el programa atendió 106,513 estudiantes, lo que representa un aumento de 1.99% comparado con los 104,437 reportados el año anterior. Es el tercer incremento consecutivo tras ocho años de descensos. Además, el porcentaje de alumnos en Educación Especial ascendió a 45.2% de la matrícula total, frente al 37.8% registrado en 2020-2021.
El informe concluye que, aunque el Departamento de Educación ha logrado avances consistentes, aún persisten retos significativos para garantizar a los niños del programa el acceso oportuno y adecuado a los servicios que la ley y la sentencia les reconocen.
