El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, confirmó que continúa una revisión interna ordenada para corroborar el récord de expedientes relacionados con denuncias sobre presuntas irregularidades en un centro de inspección y venta de marbetes inscrito a nombre de Ciary Pérez Peña, secretaria del Departamento de la Vivienda.
Según indicó en declaraciones escritas, durante 2023 el DTOP atendió señalamientos contra varios centros de inspección en la isla, incluyendo Yabucoa Auto Service LLC, cuyo permiso fue revocado. Como parte del proceso, la Oficina de Investigaciones e Inspección de la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO) realizó un muestreo aleatorio de 412 transacciones de certificados de inspección correspondientes a junio, julio y agosto de ese año, y notificó los hallazgos mediante comunicación del 26 de octubre de 2023.
González Montalvo detalló que “los certificados identificados se expidieron mediante equipo ajeno al autorizado por el DTOP y no figuraban en la base de datos oficial de transacciones”. A raíz de esto, el centro permaneció cerrado administrativamente del 7 de septiembre de 2023 al 24 de julio de 2024.
El funcionario añadió que la agencia cuenta con evidencia documental de un pago de $5,000 vinculado a este trámite, pero no encontró documento alguno sobre una sanción o acuerdo por $25,000, y aseguró que no se han tomado represalias contra empleados.
Por otro lado, los representantes del Partido Popular Democrático Ramón Torres Cruz y Swanny Enit Vargas Laureano presentaron ante el Departamento de Justicia una declaración jurada de un delator del DTOP, acompañada de un referido solicitando a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, designar un fiscal para investigar los señalamientos contra Pérez Peña. Alegan que en el centro Yabucoa Auto Service LLC se emitieron más de 1,200 marbetes falsos y se redujeron multas de manera ilegal.
Justicia confirmó haber recibido el referido, que fue asignado a la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor, dirigida por la fiscal Sonia Martínez Ortiz.
Las irregularidades fueron reveladas inicialmente por el programa “Los Datos son los Datos”, de WAPA TV, que expuso además el testimonio de un inspector del DTOP que alegó haber sufrido presiones y amenazas tras reportar sus hallazgos.
Torres Cruz sostuvo que el supuesto acuerdo de reducción de multas se habría hecho directamente con el DTOP, aunque ese organismo no tiene facultad legal para imponer ni cobrar multas, y señaló que las rebajas habrían ocurrido después de las primarias de 2020, cuando Pérez Peña fungía como comisionada electoral alterna del Partido Nuevo Progresista.
La Ley de Vehículos y Tránsito (Ley 22 de 2000) establece una multa de $500 para toda persona que certifique falsamente la inspección de un vehículo cuyas condiciones mecánicas y de control de emisiones no sean adecuadas.
