A casi dos semanas de iniciado el análisis, el secretario de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, no ha entregado el informe sobre las irregularidades detectadas en un centro de inspección y venta de marbetes vinculado a la familia de la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, e incluso registrado a su nombre.
Aunque la gobernadora Jenniffer González había anticipado que el reporte estaría listo a principios de la semana pasada, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, dijo este domingo desconocer el estatus de la evaluación y no descartó que se le conceda más tiempo al titular del DTOP para completarlo.
“El DTOP todavía no lo ha publicado. Nosotros estamos pendientes de que se cumplan las instrucciones de la gobernadora, así que estaremos en comunicación”, expresó Peña Payano durante la conferencia de prensa “Asunto semanal” en la Mansión Ejecutiva.
El funcionario señaló que el proceso debe manejarse con agilidad, pero también con rigor. “Es importante que se atienda con urgencia y seriedad. No podemos, en aras de obtener una respuesta acelerada, realizar una investigación que no sea responsable. Si demorara unos días más, por razones de pulcritud y transparencia, creemos que sería mejor”, apuntó.
Peña Payano comentó que no sabe por qué el informe no está listo, pese a que se esperaba tenerlo la semana pasada para que la gobernadora pudiera evaluar las alegaciones contra Pérez Peña.
Mientras tanto, el Departamento de Justicia mantiene activa una investigación por posibles violaciones al Código Anticorrupción (Ley 2-2018), tras un referido de varios representantes populares y una declaración jurada de Arturo Deliz Vélez, exdirector de Investigaciones e Inspección del DTOP. También se presentó ante Justicia un referido del representante popular Domingo Torres contra González Montalvo, solicitando la paralización del análisis por posibles conflictos de interés.
Deliz Vélez fue quien investigó las alegadas irregularidades en el Centro de Inspección Yabucoa Auto Services, propiedad de familiares de Pérez Peña. Según González Montalvo, dicho centro estuvo cerrado administrativamente entre septiembre de 2023 y julio de 2024 por irregularidades en los certificados de inspección, y la agencia cuenta con evidencia documental de un pago de $5,000 relacionado con el trámite.
Además, Deliz Vélez presentó una demanda contra el DTOP, en la que reclama una compensación de $375,000 por daños morales y angustias mentales que atribuye a un supuesto patrón de represalias tras su investigación.
En medio de la controversia, Pérez Peña no ha participado en conferencias de prensa recientes. Al respecto, Peña Payano explicó que la secretaria se ha expresado mediante comunicados de prensa y redes sociales, y que su ausencia se debe a la rotación de portavoces del gobierno.
El viernes, Pérez Peña visitó la residencia de Ramona Cruz Sanabria en Aguadilla para firmar un contrato de usufructo que le otorga el derecho a utilizar dos solares en Playuela y construir allí su vivienda junto a sus hermanos, tras haber sido desahuciada del terreno donde vivió por décadas con su familia.
