Washington – El presidente Donald Trump presentó una demanda por 10,000 millones de dólares contra el Departamento del Tesoro y el Servicio de Rentas Internas (IRS), alegando que ambas agencias fallaron en impedir la filtración de su información fiscal a medios de comunicación entre 2018 y 2020.
La acción judicial, radicada en un tribunal federal de Florida, también incluye como demandantes a sus hijos Eric Trump y Donald Trump Jr., además de la Organización Trump. Según el documento, la divulgación de los registros fiscales confidenciales provocó “daños a la reputación y financieros, vergüenza pública, y afectó negativamente al presidente Trump y a la posición pública de los demás demandantes”.
La demanda cita el caso del excontratista del IRS Charles Edward Littlejohn, de Washington, D.C., quien trabajaba para la firma Booz Allen Hamilton, especializada en tecnología de defensa. En 2024, Littlejohn fue condenado a cinco años de prisión tras declararse culpable de filtrar información fiscal sobre Trump y otras personas a The New York Times y ProPublica. Los fiscales describieron esas filtraciones, ocurridas entre 2018 y 2020, como “sin parangón en la historia del IRS”.
La revelación violó el Código 6103 del IRS, una de las normas de confidencialidad más estrictas del gobierno federal. The New York Times informó en 2020 que Trump no había pagado impuestos federales sobre la renta durante varios años previos, mientras que ProPublica publicó en 2021 una serie sobre irregularidades en sus registros. Posteriormente, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, entonces bajo control demócrata, divulgó seis años de sus declaraciones de impuestos.
En su demanda, Trump argumenta que las revelaciones de Littlejohn causaron graves perjuicios económicos y de imagen, además de impactar su apoyo político durante las elecciones presidenciales de 2020. Se alega además que el excontratista sustrajo datos fiscales de otras figuras empresariales, entre ellos Jeff Bezos y Elon Musk.
La presentación coincide con la decisión del Departamento del Tesoro de cortar contratos con Booz Allen Hamilton tras conocerse el delito. El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que la empresa “no aplicó las salvaguardias adecuadas para proteger los datos sensibles, incluida la información confidencial de los contribuyentes” a la que tenía acceso mediante contratos con el IRS.
Esta historia fue traducida del inglés al español con asistencia de inteligencia artificial y revisada por un editor antes de su publicación.
