Washington – El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) suspendió la compra de almacenes destinados a convertirse en centros de detención para inmigrantes mientras revisa todos los contratos firmados durante el periodo en que Kristi Noem dirigía la agencia, informó un alto funcionario.
La revisión ocurre poco después de que Markwayne Mullin juramentara como nuevo secretario del DHS, tras un periodo marcado por controversias durante la gestión de Noem, cuando la dependencia tuvo un rol clave en la política de deportaciones masivas del presidente Donald Trump.
El funcionario explicó, bajo anonimato, que la pausa incluye tanto las compras planificadas como las ya ejecutadas. NBC News fue el primer medio en reportar la decisión.
En una declaración oficial, el DHS indicó que “como ocurre con cualquier transición, estamos revisando las políticas y propuestas de la agencia”. La institución resaltó además que Mullin ha expresado su deseo de “trabajar con líderes comunitarios” y “ser buenos socios”.
Mullin heredó un plan valorado en 38,300 millones de dólares que buscaba ampliar la capacidad de detención a 92,000 camas mediante la adquisición de ocho grandes centros con espacio para entre 7,000 y 10,000 personas cada uno, y 16 centros regionales de menor tamaño.
El plan, originado bajo la dirección de Noem, enfrentó resistencia ciudadana en múltiples estados, donde comunidades próximas a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) manifestaron preocupación por el impacto social y ambiental de los proyectos.
Hasta la fecha, se han adquirido 11 almacenes en Arizona, Georgia, Maryland, Michigan, Nueva Jersey, Pensilvania, Texas y Utah, con un gasto federal de 1,074 millones de dólares. Sin embargo, hay litigios activos en tres estados. En Surprise, Arizona, el alcalde Kevin Sarter informó que el DHS redujo de 1,500 a 542 el número máximo de camas en un complejo local de procesamiento.
Muchos alcaldes y funcionarios locales señalaron que conocieron los planes del ICE solo después de concretarse las compras o arrendamientos, lo que provocó molestia incluso en áreas con apoyo al presidente Trump. Desde el inicio, ocho acuerdos se anularon en lugares como Kansas City, Missouri, cuando los propietarios desistieron de vender.
Durante su confirmación, Mullin reconoció la falta de transparencia del proceso y subrayó la importancia de comunicarse con las comunidades. “Tenemos que proteger al país y vamos a hacerlo”, dijo. “Pero queremos trabajar con los líderes comunitarios.”
El secretario, empresario del sector de la plomería antes de su carrera legislativa en Oklahoma, señaló que muchas localidades carecen de la infraestructura necesaria para manejar los sistemas de agua y saneamiento que demandarían estas instalaciones. “Si tenemos necesidades adicionales —añadió—, debemos coordinar directamente con las ciudades”.
