El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández, acudirá este lunes al Departamento de Justicia con la expectativa de que la secretaria Lourdes Gómez reconsidere la reapertura de la investigación contra la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes. La reunión está pautada para las 10:00 a.m. en la sede de Justicia, en Hato Rey.
Hernández, junto a la portavoz alterna Marially González, presentará documentos que alegan fueron omitidos en el informe final de Justicia, que en octubre de 2025 concluyó la pesquisa sobre Roig Fuertes por un contrato de $60,000 mensuales cuando laboraba en el Departamento de Salud. “Esperamos salir de allí con el convencimiento de que Justicia entiende nuestro planteamiento y las razones por las cuales deberían reabrir este caso”, afirmó Hernández. Añadió que la secretaria maneja actualmente alrededor de $300 millones en contratos, pese a haber sido cuestionada antes por presuntas presiones para beneficiar a contratistas.
El informe de Justicia determinó que el contrato “no era arbitrario” y respondía al diagnóstico del paciente, además de que no había evidencia de que Roig Fuertes condicionara el acuerdo con Hogar Hacienda Don Luis a través de la empresa One Source Investigations, ligada a un allegado. No obstante, Hernández sostiene que se dejaron fuera 24 páginas del informe del Departamento de Salud, entre ellas un correo electrónico que Roig Fuertes habría enviado a una persona identificada como “Baby”, con información sobre las condiciones del contrato. “Ese correo desata cuestionamientos sobre si usó su poder para beneficiar a alguien cercano o presionó indebidamente”, sostuvo el portavoz.
El legislador también señaló que faltan documentos, entre ellos un informe del entonces secretario de Salud, Carlos Mellado, con alegaciones directas contra Roig Fuertes, y una demanda de cobro presentada en 2022 por One Source Investigations. Mellado había referido el caso a Justicia por posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y al Código Penal por presunto enriquecimiento ilícito.
Hernández insistió en que no acusa a nadie de ocultar documentos, pero sí en que Justicia no tuvo toda la evidencia al archivar el caso. Inicialmente, la secretaria Gómez había descartado reabrir la investigación y sostuvo que no se omitió contenido alguno. Sin embargo, tras citar a los senadores como testigos —acción que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, calificó como un “error” y una “intimidación”—, dejó sin efecto las citaciones y convocó a una reunión formal.
Desde La Fortaleza, el portavoz de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, explicó que el cambio de postura respondió al diálogo entre las partes. “La secretaría de Justicia va a tomar los pasos que sean necesarios”, afirmó.
Además, la Oficina de Ética Gubernamental mantiene una investigación abierta contra Roig Fuertes por presuntas violaciones a la Ley de Ética y un referido adicional por posible perjurio durante la evaluación de su nombramiento. Según Hernández, la funcionaria ocultó al Senado que existía una investigación previa en su contra desde 2022.
La reportera Gloria Ruiz Kuilan colaboró en este reportaje.
