La defensa de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced pidió al Tribunal Federal en San Juan eliminar la recomendación de sentencia de un año de prisión sometida por la Fiscalía federal, al alegar que el Ministerio Público violó el acuerdo de culpabilidad alcanzado entre las partes.
En una moción de 20 páginas, los abogados sostuvieron que el memorando de condena presentado en octubre incumple el acuerdo en cinco aspectos. Según argumentaron, el documento de la Fiscalía intenta justificar el máximo de la pena legal incluyendo alegaciones de soborno y corrupción que fueron descartadas en el proceso.
Vázquez Garced, quien se convirtió en agosto pasado en la primera persona que ha gobernado Puerto Rico en declararse culpable en un tribunal federal, aceptó responsabilidad por un solo cargo: aceptar una promesa de campaña por parte de un extranjero. A cambio, se desestimaron acusaciones de soborno y fraude.
La defensa denunció que la recomendación de sentencia se basa en cifras que exceden por mucho el valor indicado en el acuerdo, elevando la supuesta promesa —valorada entre $15,000 y $25,000— a montos que alcanzan $620,000. También alegó que la Fiscalía trató el caso como si la acusada hubiera recibido contribuciones políticas, cuando el delito reconocido fue aceptar una promesa que nunca se materializó.
En su escrito, los abogados enfatizaron que “nunca hubo quid pro quo” y que el acuerdo de culpabilidad deja claro que Vázquez Garced no buscaba beneficio económico personal, sino apoyo para su campaña. Recordaron además que ese lenguaje fue producto de meses de negociación para garantizar que el delito fuera tratado como una violación a las normas de financiamiento de campañas y no como un esquema de soborno.
La defensa destacó que el Ministerio Público recomendó encarcelamiento contra una acusada sin antecedentes penales y con más de tres décadas de servicio público, algo que contradice la guía de la Comisión de Sentencias que favorece la libertad condicional para infractores primerizos.
Los abogados solicitaron a la jueza Silvia Carreño Coll que elimine el memorando de sentencia radicado por la Fiscalía y ordene presentar uno enmendado conforme al acuerdo. También argumentaron que la condena por sí sola representa un fuerte disuasivo general para los funcionarios públicos.
Representantes legales del banquero Julio Herrera Velutini y del asesor financiero Mark Rossini —también convictos en el mismo caso— han planteado preocupaciones similares sobre las referencias de la Fiscalía a cargos desestimados. Las vistas de sentencia de los tres están pautadas para el 29 de enero en el Tribunal Federal en San Juan.
