La defensa de María Milagros “Tata” Charbonier Laureano presentó una moción ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston para oponerse a una prórroga de 60 días solicitada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para responder a su apelación.
En el documento, fechado el 12 de noviembre, la licenciada Kendys Pimentel Soto argumentó que la Fiscalía federal ha tenido acceso al expediente de apelación por casi cinco meses —al menos 163 días— desde que el escrito inicial fue sometido el 3 de junio. La abogada sostuvo que el retraso solicitado no tiene justificación razonable y que las prioridades internas de Justicia no deben afectar el proceso.
Pimentel Soto enfatizó que casi todos los temas de la apelación fueron ya discutidos ante el Tribunal de Distrito, por lo que no representan asuntos nuevos para el gobierno. Añadió que, aunque generalmente no se opone a extensiones solicitadas por la Fiscalía, en este caso pidió limitar la prórroga a un máximo de 30 días.
La defensa también respondió a los argumentos del fiscal Brendan B. Gants, quien destacó que Charbonier solicitó prórrogas previas que sumaron 199 días. Según la abogada, la comparación es inapropiada debido a la desigualdad de recursos entre una abogada designada por el tribunal que trabaja sola y el extenso equipo del Departamento de Justicia, con decenas de fiscales en Puerto Rico y en Washington D. C.
Pimentel Soto explicó que elaborar un escrito de apelación requiere mucho más trabajo que redactar una contestación, y recordó que el gobierno cuenta con el contenido del caso desde hace más de cinco meses. Además, subrayó que la apelación conjunta con Orlando Montes Rivera —esposo de Charbonier— no añade elementos sustanciales, ya que él adoptó los planteamientos de su esposa y añadió solo dos puntos menores.
La abogada recalcó que lo importante no es la cantidad de prórrogas pedidas, sino si existe causa suficiente para una extensión tan prolongada. También objetó el planteamiento del fiscal Gants sobre la reasignación del caso del fiscal W. Connor Winn, asegurando que la gestión administrativa del Departamento de Justicia no debe retrasar el trámite judicial.
Por último, la defensa recordó que el gobierno tenía como fecha límite el 13 de noviembre y contó con el escrito inicial desde junio, por lo que la apelación debía haberse tratado como prioritaria.
Charbonier Laureano y Montes Rivera buscan anular el veredicto de culpabilidad emitido en enero de 2024 por un jurado en el Tribunal Federal de Puerto Rico. Ambos fueron hallados culpables de conspiración, robo de fondos federales, soborno, comisiones ilegales, fraude electrónico de servicios honestos y lavado de dinero. Según la Fiscalía federal, el esquema ocasionó pérdidas de $136,500, cantidad que deberán restituir.
La jueza de distrito Silvia Carreño Coll sentenció a Charbonier a ocho años de prisión y dos años de libertad supervisada, mientras que Montes Rivera cumple una pena de cuatro años y nueve meses de cárcel y un año de libertad supervisada.
