La defensa de Anthonieska Avilés Cabrera, acusada del asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, recurrió al Tribunal de Apelaciones para solicitar la paralización del juicio y una vista que determine si su clienta es procesable.
En una petición de certiorari de 28 páginas radicada el 12 de mayo, las abogadas María Soledad Sáez Matos, Rocío Revelles Ponce y Athelyn Jiménez Emanuelli, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL), impugnaron una decisión del Tribunal de Aibonito emitida por el juez Juan A. Reyes Colón, quien el 23 de abril declaró «no ha lugar» una solicitud para suspender el procedimiento bajo la Regla 240 de Procedimiento Criminal, relacionada con la capacidad mental del acusado.
El escrito sostiene que el Tribunal de Primera Instancia “abusó de su discreción” y que procede revocar la determinación para remitir a Avilés Cabrera a evaluación psiquiátrica. Las abogadas alegan que el juez no consideró que su cliente, actualmente de 18 años, era menor al momento de los hechos y padece una discapacidad cognoscitiva.
El Tribunal de Apelaciones ordenó a la Oficina del Procurador General presentar su postura antes del 19 de mayo, mientras la defensa deberá remitir las mociones y documentos relevantes del caso.
Las licenciadas aseguran que existe evidencia suficiente para poner en duda la procesabilidad de su clienta, quien enfrenta cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas por hechos ocurridos el 10 de agosto de 2025 en el desvío Roberto Colón, donde resultaron heridos dos menores y Gabriela Nicole Pratts perdió la vida.
Según la defensa, la joven fue declarada procesable tras una segunda evaluación del doctor José Malavé Orengo en octubre de 2025, aunque este reconoció su discapacidad cognitiva. Aducen que la comunicación con su representada ha sido cada vez más difícil y que no comprende la complejidad del proceso.
En apoyo a su solicitud, la doctora Rosa E. Negrón Muñóz emitió un informe pericial que refuerza los planteamientos de la defensa. Las abogadas insisten en que continuar el juicio sin reevaluar su capacidad equivaldría a juzgar a una persona ausente, violando su derecho al debido proceso de ley.
Argumentan que el Tribunal de Aibonito no tomó debidamente en cuenta la jurisprudencia que exige considerar la etapa de desarrollo de los jóvenes y subrayan que la acusada, estudiante de educación especial, enfrenta este proceso sin el apoyo de su madre, quien también enfrenta cargos.
La defensa reiteró que un juicio contra una persona mentalmente incapacitada contraviene tanto la Constitución de Estados Unidos como la de Puerto Rico, y solicitaron que el Tribunal de Apelaciones paralice los procedimientos hasta que se determine si Anthonieska Avilés Cabrera está en condiciones de enfrentar el proceso penal.
