El rechazo a los planes de la administración del presidente Donald Trump para expandir los centros de detención de inmigrantes continúa creciendo en Estados Unidos, en medio de tensiones por la aplicación de la ley federal de inmigración.
Funcionarios estatales y municipales han expresado su oposición a que miles de inmigrantes detenidos sean alojados en almacenes reconvertidos, instalaciones privadas y cárceles de condados. Mientras tanto, el gobierno federal impulsa una expansión estimada en 45,000 millones de dólares para nuevos centros de detención, financiada por la reciente ley de recorte de impuestos de Trump.
La resistencia se ha intensificado tras los tiroteos mortales de Renee Good y Alex Pretti durante operativos de inmigración en Minnesota, lo que ha aumentado el escrutinio sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
En el condado de Hanover, al norte de Richmond, Virginia, un proyecto para una instalación del ICE generó una audiencia pública marcada por la tensión. “¿Quieren que lo que está pasando en Minnesota ocurra en nuestro propio patio trasero?”, expresó la residente Kimberly Matthews.
Kansas City, en Misuri, aprobó una ordenanza para frenar la instalación de un centro de detención, mientras los alcaldes de Oklahoma City y Salt Lake City anunciaron que no permitirán que propiedades municipales se utilicen para estos fines. Legislaturas estatales lideradas por demócratas también han impulsado medidas similares. En California, una propuesta busca imponer un impuesto del 50% a las empresas que administren instalaciones del ICE.
A finales de diciembre, más de 70,000 inmigrantes estaban detenidos por ICE, frente a los 40,000 cuando Trump asumió la presidencia. En poco más de un año, el número de centros de detención casi se duplicó hasta alcanzar 212 en 47 estados y territorios.
La administración de Trump ha tomado pasos concretos para ampliar instalaciones a gran escala. En enero, el ICE compró almacenes por 102 millones de dólares en Maryland, 84 millones en Pensilvania y más de 70 millones en Arizona, y solicitó comentarios públicos para otra compra en Nueva York.
ICE defendió sus planes asegurando que las nuevas instalaciones cumplirán con las normas habituales de detención. Sin embargo, expertos legales señalan que los gobiernos locales tienen limitaciones para impedir centros federales en propiedades privadas.
Kansas City intenta reforzar su oposición con una moratoria de cinco años y propuestas de regulación a nivel del condado. Según Manny Abarca, legislador del condado, el ICE busca un centro con capacidad para 7,500 camas.
En Nuevo México, la Cámara de Representantes aprobó una ley que prohíbe contratos estatales y locales con centros del ICE. La medida podría afectar instalaciones privadas como el Centro de Procesamiento del Condado de Otero, con capacidad para más de 1,000 detenidos.
Mientras los republicanos advierten sobre pérdidas económicas y de empleo, líderes demócratas sostienen que estas instalaciones representan una carga para comunidades mayormente hispanas. El debate continúa y aún no está claro cómo se pronunciarán los tribunales ante los nuevos desafíos legales.
