La Corte Suprema de Estados Unidos acordó este viernes revisar la constitucionalidad de la orden del presidente Donald Trump que niega la ciudadanía por nacimiento a los hijos de padres que se encuentran ilegal o temporalmente en el país. El tribunal escuchará la apelación de Trump a un fallo inferior que anuló la medida, la cual aún no ha sido implementada en ninguna jurisdicción. Se espera que el caso sea debatido en la primavera y que el veredicto se emita a inicios del verano.
La orden, firmada el 20 de enero, primer día de su segundo mandato, forma parte de la ofensiva de su administración republicana contra la inmigración. Incluye también el uso ampliado de operativos migratorios y la invocación inédita en tiempos de paz de la Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII.
La administración enfrenta múltiples impugnaciones en los tribunales. En decisiones previas, la Corte Suprema ha dado señales contradictorias: detuvo deportaciones rápidas bajo dicha ley, pero permitió reanudar redadas masivas en Los Ángeles pese a acusaciones de perfil racial. Además, los jueces evalúan una apelación para permitir el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, suspendido por una orden judicial.
Esta es la primera política migratoria de Trump que llega al tribunal para una decisión final. De ser confirmada, alteraría más de 125 años de interpretación de la 14.ª Enmienda, que otorga ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense, salvo los hijos de diplomáticos o fuerzas de ocupación extranjeras.
Diversos tribunales federales han concluido que la orden viola, o probablemente viola, dicha enmienda, creada originalmente para garantizar la ciudadanía a personas negras, incluidos los antiguos esclavos. Un juez en New Hampshire bloqueó la medida en julio dentro de una demanda colectiva que agrupa a todos los niños potencialmente afectados.
En paralelo, el gobierno solicitó al Supremo revisar un fallo del 9.º Circuito de Apelaciones en San Francisco que concedió una orden judicial de alcance nacional a un grupo de estados demócratas, decisión que busca evitar la coexistencia de regímenes distintos sobre ciudadanía en el país. El Supremo aún no ha actuado sobre ese caso.
El equipo legal de la administración argumenta que los hijos de no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía. “El Artículo de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda fue adoptado para otorgar ciudadanía a los esclavos recién liberados y a sus hijos, no a los hijos de extranjeros en Estados Unidos de manera ilegal o temporal”, escribió D. John Sauer, principal abogado del gobierno ante la Corte.
Veinticuatro estados gobernados por republicanos y 27 legisladores del mismo partido, entre ellos los senadores Ted Cruz de Texas y Lindsey Graham de Carolina del Sur, respaldan la postura de la administración.
