José Ferrer Sosa y Marcia Vázquez Rijos, convictos federales por el asesinato del empresario canadiense Adam Anhang en el Viejo San Juan en 2005, acudieron al Tribunal Supremo de Estados Unidos para pedir la revisión de su caso. Alegan errores cometidos por el Tribunal Federal en San Juan y por el Primer Circuito de Apelaciones en Boston.
Ambos sostienen que fueron perjudicados por expresiones del entonces juez de distrito, Daniel Domínguez, ante el jurado sobre la salud mental del testigo principal, Alex Pabón Colón, alias “El Loco”, durante el juicio celebrado en 2018. Pabón confesó haber asesinado a Anhang tras ser contratado por Áurea Vázquez Rijos, esposa del canadiense, en conspiración con su hermana Marcia y Ferrer Sosa. Un jurado los halló culpables de asesinato por encargo y los sentenció a cadena perpetua, mientras Pabón cumple 19 años de prisión.
Los abogados de los convictos argumentaron que Domínguez inclinó al jurado al confirmar la competencia mental de Pabón, pese a alegaciones de que padecía esquizofrenia. José Olmo Rodríguez, abogado de Ferrer Sosa, indicó que las instrucciones del juez invalidaron la única tesis de defensa: que el testigo no era confiable. Carlos Sánchez, abogado de Vázquez Rijos, denunció que la Fiscalía ocultó deliberadamente información médica sobre Pabón que habría debilitado su testimonio.
Sánchez añadió que, además de ese ocultamiento, el testigo modificó su versión ante el jurado, al ubicar a Marcia en una reunión clave del crimen, pese a que inicialmente sólo la mencionó en discusiones sobre una agresión al empresario. Según el letrado, su representada fue condenada con base en el testimonio de un solo testigo con versiones contradictorias.
Los abogados resaltaron la opinión parcialmente disidente del juez apelativo Kermit V. Lipez, quien concluyó que la intervención del juez Domínguez afectó la imparcialidad del jurado y justificaba anular las condenas. Lipez advirtió que esa instrucción podía interpretarse como una validación judicial de la credibilidad del testigo.
Pese a esos argumentos, un panel del Primer Circuito en Boston ratificó las sentencias en 2025 al determinar que existía suficiente evidencia incriminatoria. El tribunal también sostuvo que la defensa no solicitó aclarar la diferencia entre competencia y credibilidad, y que el jurado sí escuchó sobre la condición mental de Pabón durante el contrainterrogatorio.
El panel concluyó que el juez Domínguez actuó dentro de su discreción, recordando que instruyó al jurado que sólo ellos podían evaluar la credibilidad de los testigos. De esta forma, las condenas de Ferrer Sosa y Marcia Vázquez Rijos se mantienen vigentes mientras el Supremo federal decide si acoge la revisión solicitada.
