Las controversias que rodean el funcionamiento del sistema eléctrico de Puerto Rico, y que podrían extenderse más allá del próximo año, amenazan con prolongar la permanencia de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Según fuentes consultadas por El Nuevo Día, la junta mantiene su intención de intervenir en cualquier decisión importante relacionada con el sector energético.
La situación energética, marcada por conflictos entre agencias locales y empresas privadas encargadas de la generación y distribución, ha generado incertidumbre sobre el cumplimiento de los objetivos fiscales y estructurales establecidos por la ley PROMESA. Analistas señalan que mientras persistan estos retos, la Junta podría justificar su intervención continua en la toma de decisiones, lo que retrasaría su salida de la isla.
El futuro del sistema eléctrico —clave para la estabilidad económica de Puerto Rico— se ha convertido así en un factor determinante en los plazos y funciones del organismo creado por el Congreso de Estados Unidos en 2016. Aunque algunos sectores reclaman una mayor autonomía para el gobierno local, la JSF reafirma su autoridad en los asuntos financieros y estructurales que afecten al país.
