La aprobación de la Ley 183-2025, antes conocida como el Proyecto del Senado 504, que reconoce derechos civiles al nasciturus desde la concepción, ha generado una oleada de preocupación entre juristas y profesionales de la salud. Firmada el sábado por la gobernadora Jenniffer González, la medida implica una modificación profunda al Código Civil de 2020, tradicionalmente aplicable desde el nacimiento con vida.
La abogada constitucionalista Yanira Reyes Gil, portavoz de Aborto Libre Puerto Rico, advirtió que la ley “pone en suspenso los derechos de las mujeres embarazadas”, lo que afecta su autonomía y capacidad de decidir sobre su cuerpo. Por su parte, la abogada feminista Verónica Rivera Torres explicó que al otorgar personalidad jurídica al no nacido, se crea una subordinación de las decisiones de la gestante a los derechos de otro ser que depende de ella. “Es una ley discriminatoria contra la mujer embarazada”, sostuvo.
Ambas expertas coincidieron en que la legislación trastoca el orden jurídico al extender derechos civiles —como herencia, responsabilidad y daños— a un ente sin vida independiente. Reyes Gil incluso planteó interrogantes sobre si podría solicitarse pensión alimentaria o reclamaciones de daños desde la concepción.
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, autor del proyecto, impulsó la aprobación sin vistas públicas. Defendió la ley y negó que afecte derechos de las mujeres. No obstante, Reyes Gil criticó que el proceso ignorara advertencias de sectores legales y médicos.
En el ámbito sanitario, 320 profesionales de la salud enviaron una carta a la gobernadora advirtiendo sobre los peligros para la práctica médica. La doctora Alejandra Vélez Rivera señaló que la ambigüedad de la ley genera “miedo, confusión e incertidumbre”, lo que en medicina “puede costar vidas”. Mencionó que decisiones urgentes, como atender un embarazo ectópico o realizar un tratamiento oncológico, podrían verse retrasadas o incluso depender de un representante legal del feto. “Responsabilizo al gobierno, a la gobernadora y a los legisladores por las vidas que cueste esta confusión”, afirmó.
Otro punto crítico es que la figura del no nacido podrá ser representada por un tercero —el Estado, un familiar o incluso una expareja agresora— lo que podría abrir puertas a intervenciones indebidas, incluyendo la violación de la confidencialidad médica de la gestante. Vélez Rivera alertó que esta intromisión podría ser peligrosa en casos de violencia de género.
Abogadas y médicas recordaron que experiencias similares en Estados Unidos han resultado en criminalización de mujeres bajo leyes de “personalidad fetal”. La organización Pregnancy Justice documentó 412 casos de mujeres procesadas en los dos años posteriores a la derogación de Roe v. Wade.
Aunque el texto legal aclara que “no menoscaba la potestad de la mujer gestante a tomar decisiones sobre su embarazo conforme a la ley”, las expertas estiman que el reconocimiento de derechos al nasciturus sienta las bases para futuras restricciones al aborto. Pese a ello, Reyes Gil subrayó que el aborto sigue siendo legal y seguro en Puerto Rico, practicado en clínicas autorizadas.
Para Rivera Torres, la intención del proyecto es avanzar gradualmente hacia limitaciones reproductivas: “Están socavando el derecho de las mujeres a decidir”.
