Contraloría señala graves fallas administrativas en Las Piedras y Las Marías

La Oficina del Contralor detectó deficiencias en compras, permisos, finanzas y controles internos en ambos municipios.
Las auditorías sobre estos municipios se publican luego de que El Nuevo Día reseñara que la contralora Carmen Vega Fournier llevaba cinco meses sin emitir informes

La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) publicó este viernes dos auditorías que revelan múltiples señalamientos contra los municipios de Las Piedras y Las Marías. Los informes detallan deficiencias en los procesos de compras, contratación, administración de obras, control fiscal y gobernanza.

En el caso de Las Piedras, la auditoría cubre del 1 de febrero de 2019 al 31 de diciembre de 2022. El documento revela que el municipio adquirió seis vehículos por $255,404 mediante un proceso limitado a concesionarios de una sola marca. Según la contralora Carmen Vega Fournier, esta práctica “restringió la libre competencia y limitó la posibilidad de obtener mejores alternativas en el mercado”.

Además, el municipio formalizó contratos por $640,033 para proyectos de construcción sin obtener previamente los permisos requeridos de la Oficina de Gerencia de Permisos. Aunque las obras fueron completadas, los permisos se gestionaron posteriormente, lo que evitó una supervisión regulatoria adecuada y expuso al ayuntamiento a posibles sanciones.

La administración municipal argumentó que utilizó el método de diseño y construcción, delegando la responsabilidad en el contratista, pero la contralora sostuvo que la responsabilidad final recae sobre el Municipio. También se detectó que no se obligaron créditos presupuestarios al momento de otorgar los contratos, y que hubo atrasos de hasta 473 días en el registro de estas obligaciones. La OCPR concluyó que esta práctica debilita el control fiscal y podría generar sobregiros o riesgos legales.

Entre otros hallazgos figuran retrasos de hasta 969 días en la confirmación de la Junta de Subastas, un pago de $21,980 por reparaciones eléctricas sin contrato escrito y contrataciones que superan los $8.5 millones para administrar el Centro de Diagnóstico y Tratamiento sin aprobación de la Legislatura Municipal. También se mencionan irregularidades en la venta y alquiler de lotes del cementerio municipal, la no localización de equipos y demoras en investigaciones administrativas.

Respecto a Las Marías, la auditoría —que cubre del 1 de marzo de 2020 al 30 de junio de 2025— señaló “desviaciones significativas” en tres áreas que comprometen la integridad administrativa y financiera del municipio. Entre las faltas más serias se encuentran la falta de inventarios físicos anuales, la pérdida o falta de registro de equipos y vehículos, y la omisión de notificar 39 accidentes con vehículos municipales a la OCPR.

Asimismo, se encontró que no todas las propiedades estaban registradas ni contaban con la documentación correspondiente, y que las conciliaciones bancarias presentaban atrasos de hasta 52 meses, diferencias en balances y transacciones mal registradas. Vega Fournier advirtió que estas fallas afectan la confiabilidad de los estados financieros y limitan la capacidad del gobierno municipal de tomar decisiones fiscales responsables.

Ambos informes, fechados el 26 de marzo, se publicaron luego de que El Nuevo Día reportara que la OCPR llevaba cinco meses sin divulgar auditorías, una situación que la contralora atribuyó a “un proceso de cambio de imagen”.

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