Una auditoría de la Oficina de la Contralora reveló que una secretaria municipal del Municipio de Lajas alteró de forma “unilateral e ilegal” un contrato otorgado en 2022 para el alquiler de equipo pesado. El documento modificó el monto pactado de $90,000 a $140,000, lo que resultó en pagos ascendentes a $124,497, es decir, $34,497 por encima del total original.
Según el informe, las acciones de la funcionaria podrían constituir delitos relacionados con falsificación de documentos y registros oficiales. La auditoría abarcó el periodo de enero de 2021 a junio de 2024.
El contrato en cuestión respondía al recogido de escombros tras el paso del huracán Fiona. El Municipio explicó que los costos aumentaron debido al volumen de material vegetativo recolectado y aseguró que en este tipo de contrato suelen surgir gastos adicionales, que requieren ajustes o enmiendas.
La administración municipal expresó su “total desacuerdo” con el lenguaje de la auditoría, al considerarlo “inflamatorio y perjudicial”. Añadió que la funcionaria no actuó con intención fraudulenta y que las gestiones beneficiaron al pueblo de Lajas durante la emergencia.
La Oficina de la Contralora, sin embargo, mantuvo el señalamiento, pues el cambio se realizó mediante un programa de computadora en vez de presentarse una enmienda formal al contrato.
La contralora Carmen Vega Fournier señaló, al publicar el informe, que las operaciones del Municipio de Lajas se realizaron conforme a la ley, salvo cinco hallazgos. Además del contrato alterado, el informe detalla pagos por $32,800 en 2022 por el alquiler de camiones de basura sin contrato, y ocho compras por más de $49,000 en equipos y vehículos sin cotizaciones.
También se indicó que el Municipio no obligó asignaciones presupuestarias para cuatro contratos y 12 enmiendas, sumando $437,440, lo que representa un riesgo de sobregiros y litigios. El quinto hallazgo documentó pagos de intereses y multas por $11,697 al Departamento del Trabajo y al Seguro Social por atrasos en remesas y aportaciones.
El Municipio rechazó todos los señalamientos salvo el quinto, reconociendo las multas e informando que estableció un plan de pago. Afirmó, además, que ha corregido la situación mediante controles y verificaciones adicionales y que actualmente no mantiene balances pendientes.
