Una auditoría de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) reveló un patrón de uso indebido de propiedad, fondos, personal y sistemas del Municipio de Cataño para actividades ajenas al interés público, incluyendo gestiones político-partidistas y decisiones contrarias a la ley.
El Informe de Investigación OC-26-29, que abarca del 10 de diciembre de 2020 al 12 de febrero de 2025, detalla siete hallazgos principales. Entre estos, se encontraron documentos no relacionados a la gestión pública en computadoras municipales, el uso de fondos y personal para promover la campaña de un alcalde y la utilización de un puesto oficial con fines políticos.
La Contralora también señaló que una empleada recibió un diferencial salarial sin cumplir requisitos legales para ocupar un cargo interino, así como el pago indebido de $75,623 en servicios legales y el uso inadecuado de vehículos y empleados municipales.
El periodo auditado incluye el final de la administración del convicto exalcalde Félix “el Cano” Delgado y parte del mandato del alcalde Julio Alicea Vasallo.
“La legalidad, transparencia y eficiencia de la administración pública fueron comprometidas”, advirtió la OCPR, que recomendó la intervención de agencias pertinentes para evaluar posibles violaciones legales o éticas.
El informe detalla que el 14 de mayo la OCPR presentó tres referidos al Departamento de Justicia, dos a la Oficina de Ética Gubernamental y uno al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Los documentos no identifican las personas o entidades señaladas.
Entre los hallazgos más serios figura la contratación de una empresa publicitaria cuyos diseños coincidían con los de una campaña política del alcalde. La OCPR señaló que se facturaron artículos de campaña directamente al municipio y que empleados municipales recibieron correos relacionados durante horas laborables, lo que representaría una violación a las leyes de ética y financiamiento político.
Otro hallazgo expuso que una empleada fue nombrada directora interina de la Oficina de Planificación sin cumplir los requisitos académicos ni profesionales. Aun así, recibió un diferencial de $12,656, lo que obligó luego al municipio a contratar un planificador licenciado por $32,000 adicionales.
El informe también documenta que un bufete contratado por el municipio sobrepasó los límites de dos contratos, recibiendo pagos indebidos por $75,623 y $298,586 por servicios no relacionados con los acuerdos.
La OCPR ordenó recuperar $402 utilizados para fines políticos, el diferencial salarial de $12,656 y los pagos al bufete. Además, instruyó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a velar por la recuperación de estos fondos.
El informe no incluye una respuesta oficial del Municipio de Cataño ni confirma si la administración revisó los hallazgos.
