La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) publicó este jueves su primer informe en más de cinco meses, una auditoría a la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) que halló más de $150 millones del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) desembolsados a personas fallecidas.
El informe, que cubre los años 2017 a 2024, también identificó deficiencias en la supervisión de instituciones que albergan temporalmente a beneficiarios del PAN. La contralora Carmen Vega Fournier, quien ocupa el cargo desde octubre de 2025, explicó que la demora en publicar auditorías respondió a un “proceso de cambio de imagen” en la agencia, centrado en rediseñar logos y plantillas de los documentos. “El formato era demasiado intenso”, dijo a El Nuevo Día.
Según la OCPR, los pagos improcedentes totalizaron $150,663,786, lo que representa cerca del 0.8% de los más de $19,500 millones desembolsados por la Adsef durante el periodo auditado. La agencia emitió una “opinión adversa” debido a fallas graves en los controles internos y en el cumplimiento de leyes y reglamentos.
El informe de 24 páginas establece que se realizaron 988,617 pagos a 38,618 personas cuyos números de Seguro Social indicaban defunción. En una muestra de 385 casos, se registraron 10,700 pagos por $1.6 millones entre enero de 2017 y agosto de 2024. Al 30 de septiembre de 2024, 34 de esos casos todavía figuraban como “activos” en la Adsef, pese a que sus titulares habían fallecido entre 1990 y 2022.
Los desembolsos ocurrieron incluso cuando la Adsef mantuvo acuerdos de intercambio de datos de defunciones con el Registro Demográfico en tres periodos distintos. Hubo lapsos —entre 2017 y 2019, de 2020 a 2021 y de 2023 a 2024— en los que esos acuerdos no estaban activos, lo que facilitó los errores.
Vega Fournier sostuvo que, aunque hubo retrasos en las publicaciones, las investigaciones nunca se detuvieron. Además del caso de la Adsef, adelantó que “entre 20 y 25 informes adicionales” están próximos a difundirse.
En el informe se incluyeron declaraciones del exsecretario del Departamento de la Familia, Eddie García Fuentes, quien recordó que las emergencias que enfrentó el país —incluida la pandemia de COVID-19— afectaron la operación de las agencias. “Ante esta crisis, las agencias fueron impactadas, inclusive llevando a cabo acciones por órdenes ejecutivas y administrativas para que la ciudadanía no dejara de recibir servicios esenciales”, señaló.
La contralora resaltó que el propósito de divulgar estos hallazgos es promover acciones correctivas y fortalecer la administración pública.
