El Ejército de Estados Unidos disparó contra dos personas que se aferraban a los restos de un bote presuntamente usado para el tráfico de drogas, según información compartida con legisladores mientras investigan la campaña militar del presidente Donald Trump en aguas internacionales cerca de Venezuela.
El ataque del 2 de septiembre marcó la primera incursión militar dirigida a destruir embarcaciones vinculadas al narcotráfico. Desde entonces, la operación ha destruido más de 20 lanchas y causado la muerte de al menos 80 personas. Legisladores del Congreso escucharon al almirante Frank Bradley, quien admitió haber ordenado un segundo ataque que mató a los sobrevivientes del primer bombardeo.
Bradley indicó que actuó para evitar que la cocaína en el barco fuera recuperada. Sin embargo, la justificación legal de la campaña, avalada por el Departamento de Defensa, está ahora bajo escrutinio. Según esa opinión, los narcotraficantes y sus cargamentos son considerados amenazas terroristas y pueden ser atacados bajo las mismas normas que rigen la guerra global contra el terrorismo. Expertos en derecho militar califican esa postura de peligrosa y posiblemente contraria a las leyes de conflicto armado.
Legisladores demócratas, como Adam Smith y Jack Reed, denunciaron que las acciones del Ejército podrían violar los derechos humanos. Smith calificó el segundo ataque de “profundamente preocupante”, mientras que Reed anunció una investigación completa sobre las operaciones. Por su parte, el senador republicano Tom Cotton defendió la legalidad de las acciones al considerar que los sobrevivientes seguían siendo objetivos militares.
Los congresistas buscan ahora las órdenes escritas y las reglas de enfrentamiento aplicadas. También solicitan conocer los detalles de la opinión legal del Departamento de Justicia, firmada el 5 de septiembre, tres días después del ataque. Bradley reconoció que no había leído el documento completo, y que los jueces abogados militares (JAG) no tuvieron acceso a él hasta semanas más tarde.
Además, se investiga la ausencia del secretario de Defensa, Pete Hegseth, de la sala de operaciones durante el segundo ataque. Hegseth ha defendido la operación y aseguró que los objetivos eran legítimos. Pese a las críticas del Congreso, el Ejército reportó recientemente un nuevo ataque, el número 22 de la campaña, que dejó cuatro muertos y elevó a 87 las víctimas fatales.
Estas revelaciones colocan bajo examen el papel del Ejército estadounidense en operaciones antinarcóticos y reavivan el debate sobre los límites legales del uso de la fuerza militar en tiempos de paz, en medio de crecientes tensiones entre Washington y el gobierno de Venezuela.
