La fiscal general Pam Bondi fue citada este martes por el Congreso de Estados Unidos para responder preguntas sobre la investigación del Departamento de Justicia relacionada con el tráfico sexual de Jeffrey Epstein y la administración de millones de archivos vinculados al polémico financiero.
El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental ordenó a Bondi comparecer el 14 de abril, tras una votación a inicios de mes que contó con el respaldo de cinco legisladores republicanos. La medida surge en medio de crecientes críticas sobre cómo el Departamento ha manejado la publicación de parte de los documentos del caso Epstein.
“El Comité tiene preguntas sobre la gestión del Departamento de Justicia de la investigación sobre Jeffrey Epstein y sus asociados, así como su cumplimiento de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein”, señaló en una carta el representante James Comer, presidente republicano del comité. Comer añadió que, como fiscal general, Bondi es responsable directa de supervisar la recopilación, revisión y publicación de los archivos bajo esa ley.
El Departamento de Justicia consideró la citación “completamente innecesaria” y anunció que Bondi, junto al fiscal general adjunto Todd Blanche, ofrecería una sesión informativa privada a los miembros del comité. “Los legisladores han sido invitados a revisar personalmente los archivos sin censura, y la fiscal general siempre ha estado disponible para dialogar con el Congreso”, indicó la agencia en un comunicado. También reiteró su compromiso de seguir proporcionando información a los responsables políticos.
Desde el inicio de la divulgación de los archivos en diciembre, la administración Trump ha enfrentado controversias políticas y críticas que acusan al Departamento de ocultar información o redactar documentos en exceso. Al mismo tiempo, algunas víctimas denunciaron que se eliminaron datos sensibles de los expedientes.
La citación a Bondi representa un nuevo capítulo en la batalla por la transparencia sobre el legado y las conexiones de Jeffrey Epstein, cuyo caso continúa generando tensiones políticas y cuestionamientos públicos.
