Cristina Osornio, residente legal permanente en Estados Unidos y madre de seis hijos, fue detenida varios días en el condado Benton, Arkansas, tras una parada de tráfico. Aunque había perdido recientemente a su esposo, deportado a México, fue privada de libertad a petición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Su caso ilustra cómo esa zona, conocida por ser sede de Walmart, se ha convertido en un punto crítico en la política migratoria del gobierno del presidente Donald Trump, según una investigación de The Associated Press basada en datos, registros judiciales y entrevistas.
El condado Benton mantiene una estrecha colaboración con el ICE mediante el programa 287(g), que permite a los agentes locales interrogar a reclusos sobre su estatus migratorio. Según datos de la Universidad de California en Berkeley, más de 450 personas fueron arrestadas por el ICE allí entre enero y octubre, lo que representa más del 4% de las detenciones nacionales bajo programas de cooperación. La agencia cuenta actualmente con más de 1,180 acuerdos similares en todo el país, frente a 135 al inicio del nuevo gobierno federal.
La gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, firmó este año una ley que obliga a todos los jefes policiales de condado a cooperar con el ICE. En Benton, la aplicación de esa medida ha generado miedo y protestas entre familias inmigrantes, en su mayoría originarias de México, El Salvador, Guatemala, Honduras y las Islas Marshall. “Nadie está a salvo porque te detienen por el color de tu piel”, lamentó Osornio, de 35 años, quien llegó a Estados Unidos cuando tenía tres meses.
Activistas aseguran que el número de detenciones tras paradas de tránsito por infracciones menores se ha disparado. “Parece como si les hubieran dado rienda suelta”, indicó el abogado de inmigración Nathan Bogart. En Springdale, ciudad con una numerosa población latina, los residentes conducen con temor incluso siendo ciudadanos o residentes legales. “Esto se siente como una cárcel”, expresó Ernesto, un conserje venezolano de 73 años.
La abogada Lilia Pacheco, que trabaja en Rogers, afirmó que la cooperación entre la policía y el ICE ahora es más intensa que durante el primer mandato de Trump. Aseguró que las autoridades locales han incrementado los patrullajes y paradas, además de colaborar con agentes encubiertos. “Parece que su relación es mucho más cercana de lo que previmos”, dijo.
Para Osornio, la situación llevó a su familia al límite. Su esposo, Edwin Sánchez Mendoza, fue puesto bajo custodia del ICE y deportado a México tras ser arrestado por cargos menores que luego fueron desestimados. Ella, que sufre hipertensión, sufrió un derrame cerebral tras su liberación y enfrenta dificultades económicas para sostener a sus hijos. “Aquí el miedo ahora es con inmigración. No sabemos si estamos seguros”, afirmó. Su historia resume el impacto humano de una política de colaboración que multiplica las detenciones y transforma la vida en comunidades inmigrantes de todo Arkansas.
