El comité que analiza opciones para sustituir el impuesto al inventario celebró su primera reunión este martes en La Fortaleza, donde acordó un calendario de trabajo que concluirá con la presentación de un informe final en diciembre, informó la secretaria de Estado, Rosachely Rivera.
Rivera explicó que el comité técnico se reunirá el 1, 8 y 11 de diciembre. En esos encuentros participarán agencias con conocimiento y datos sobre el tema, como el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), con el fin de “llegar a una conclusión”.
Durante la sesión se presentó un estudio económico comisionado por el sector privado, que plantea alternativas para reemplazar el impuesto al inventario y que podría generar alrededor de $700 millones. Rivera precisó que la creación del comité técnico responde a que algunas de esas alternativas podrían involucrar fondos ya comprometidos.
La gobernadora Jenniffer González creó el comité tras vetar el Proyecto de la Cámara 420, que proponía eliminar gradualmente el impuesto en tres años sin especificar una fuente alterna de recaudos. Durante la campaña, el Partido Nuevo Progresista (PNP) se comprometió a congelar el gravamen por cinco años mientras se diseña un nuevo modelo contributivo.
Actualmente, el impuesto al inventario representa unos $314 millones anuales en ingresos a los municipios, recursos utilizados para pagar deudas, financiar obras municipales y ofrecer servicios esenciales.
Después del veto, el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert Mujica, expresó que prefería incluir la congelación del impuesto dentro de una reforma contributiva. Por su parte, el secretario de la Gobernación y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Francisco Domenech, afirmó que cualquier nueva fuente de repago debe estar alineada con el programa de gobierno del PNP.
A la reunión asistieron alcaldes de distintas regiones, entre ellos los presidentes de la Asociación de Alcaldes y de la Federación de Alcaldes, Jorge González y Gabriel Hernández, respectivamente. Hernández, quien también es alcalde de Camuy, celebró que “por primera vez, el gobierno está en una posición de trabajar este tema” y destacó la importancia de no afectar a la clase media. González, alcalde de Jayuya, expresó su deseo de que el proceso produzca beneficios para el pueblo.
Lymaris Otero, representante de la Asociación de Comercio al Detal, elogió el sentido de urgencia con el que el gobierno ha abordado el asunto.
