La Comisión de Transportación y Obras Públicas del Senado emitió un informe negativo al Proyecto del Senado (PS) 916, impulsado por la gobernadora Jenniffer González, que buscaba legalizar el tránsito de vehículos todoterreno por ciertas vías públicas. Su presidente, Héctor Joaquín Sánchez, confirmó que la medida fue rechazada por no cumplir con los estándares de seguridad vial, protección ambiental y fiscalización exigidos.
Según el informe, el PS 916 no reflejaba de manera fiel las recomendaciones surgidas del proceso multisectorial que dio pie a su presentación. “La divergencia entre lo que el proyecto dice representar y lo que efectivamente dispone genera una incongruencia que esta Comisión no puede avalar”, señaló el documento. Debido al informe negativo, el proyecto no podrá ser llevado al pleno para votación.
Una medida similar, el Proyecto de la Cámara 1018, sigue bajo evaluación en la Cámara de Representantes. No obstante, el presidente de su Comisión de Transportación, José “Cheíto” Hernández, recomendó a la gobernadora retirar la propuesta. “Mi recomendación a La Fortaleza es que retire el proyecto”, expresó Hernández, al indicar que su comisión también se inclina a emitir un informe desfavorable.
El proyecto proponía la creación del registro “VTT Street-Legal”, que permitiría a conductores inscritos manejar vehículos todoterreno y de baja velocidad en carreteras secundarias y terciarias. Sin embargo, diversas agencias no apoyaron la versión presentada. La Policía, por ejemplo, sugirió elevar la edad mínima para conducir estos vehículos de 16 a 18 años y enmendar la Ley 22-2000 para requerir que todo concesionario registre los vehículos ante el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) antes de su entrega.
Legisladores de ambos cuerpos expresaron preocupación por delegar al DTOP la potestad de definir, por reglamento, las vías de circulación de los llamados “four tracks”. Asimismo, el Ejecutivo mostró resistencia a que dicho reglamento requiriera aprobación legislativa antes de entrar en vigor.
El informe senatorial reconoció la necesidad de atender el problema del uso ilegal de vehículos todoterreno, pero concluyó que el PS 916 “no era cónsono con el proceso técnico, multisectorial y basado en evidencia” impulsado mediante la Orden Ejecutiva OE-2025-029. Esa orden había establecido un comité de trabajo para diseñar un marco regulatorio sobre el tema.
El comité había recomendado limitar el tránsito de estos vehículos a vías designadas y prohibir su circulación en autopistas, expresos y carreteras de acceso restringido. No obstante, el PS 916 permitía su uso en todas las vías públicas, incluso autopistas. “Esta disposición contradice la recomendación del grupo de trabajo y fue señalada como un riesgo significativo por múltiples comparecientes”, sostiene el informe.
También se había sugerido crear un endoso especial en la licencia de conducir, condicionado a un curso teórico-práctico certificado por la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA). El proyecto descartó esa propuesta, sustituyéndola por una autorización de circulación del DTOP sin incluir los controles recomendados.
Entre las entidades que se opusieron al proyecto figuran la Asociación de Compañías de Seguros y las administraciones municipales de Vieques y Culebra. Por otro lado, el Departamento de Justicia, la Oficina del Comisionado de Seguros y la Latin American Motorcycle Association respaldaron la medida, aunque con enmiendas. El Nuevo Día solicitó una reacción de la gobernadora.
