La Comisión de Libertad Religiosa creada por el presidente Donald Trump ha generado fuertes controversias tras revelar recomendaciones que, según críticos, buscan eliminar la histórica separación entre la Iglesia y el Estado en Estados Unidos. Durante su reunión de abril, los miembros del panel —en su mayoría cristianos conservadores— propusieron medidas como una línea telefónica federal que declare que «no existe separación entre la Iglesia y el Estado».
Entre las sugerencias destacan otorgar la Medalla Presidencial de la Libertad a un panadero que se negó a hacer un pastel de bodas para una pareja del mismo sexo, defender ante tribunales a padres amish opuestos a las vacunas y respaldar a monjas católicas que impugnan políticas estatales sobre identidad de género en pacientes de salud. El panel promueve ampliar la expresión religiosa en escuelas públicas, permitir fondos federales a organizaciones de fe y crear más exenciones basadas en creencias religiosas.
El informe final aún se prepara, pero las declaraciones del presidente de la comisión, Dan Patrick, vicegobernador de Texas, han encendido alarmas: “Tenemos que decir que no existe separación entre la Iglesia y el Estado. Eso es una mentira”, afirmó. Nadie en la reunión discrepó. Trump ha expresado ideas similares, instando a “olvidar la separación entre la Iglesia y el Estado”.
La comisión, cuya composición está dominada por líderes religiosos conservadores —y un solo rabino ortodoxo—, enfrenta una demanda de una coalición interreligiosa progresista que alega falta de diversidad y violaciones legales en su formación. Sus críticos aseguran que, lejos de defender la libertad religiosa para todos, el cuerpo promueve privilegios específicos para sectores cristianos conservadores.
El reverendo Paul Brandeis Raushenbush, de Interfaith Alliance, sostuvo que la comisión ignora asuntos como la discriminación contra musulmanes o el antisemitismo en la derecha estadounidense. “Las omisiones del panel son tan reveladoras como sus prioridades”, señaló.
Otros miembros del grupo han pedido que se fomente la oración y la exhibición de los Diez Mandamientos en escuelas, y que quienes se negaron a vacunarse contra el COVID-19 recuperen su sueldo y beneficios militares. El obispo Robert Barron solicitó garantizar que instituciones católicas puedan recibir dinero público sin alterar sus enseñanzas sobre la familia, mientras que Kelly Shackelford, de First Liberty Institute, propuso que el gobierno cubra los costos legales de los ciudadanos que ganen demandas de libertad religiosa.
Las tensiones internas de la comisión también salieron a la luz tras la expulsión de la comisionada Carrie Prejean Boller, quien denunció censura de sus creencias católicas. Aun así, el grupo parece avanzar con una voz unificada en su intento por redefinir el papel de la religión en la vida pública del país.
