El Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA) y la Asociación de Bancos de Puerto Rico respaldaron el propósito de la reforma contributiva impulsada por la gobernadora Jenniffer González, aunque plantearon preocupaciones sobre su posible efecto en la inversión y la competitividad del país.
Durante la segunda vista pública de la Comisión de Hacienda del Senado, que evalúa el Proyecto del Senado 912, el presidente del CCPA, David Rodríguez Ortiz, explicó que el proyecto eliminaría un descuento del 5% en la responsabilidad contributiva de las personas con ingresos mayores de $100,000, lo que elevaría efectivamente la tasa marginal máxima de 31.35% a 33%. Según indicó, ese cambio podría colocar a Puerto Rico en desventaja frente a otras jurisdicciones con tasas contributivas más bajas.
Rodríguez Ortiz advirtió que, aunque la meta de aliviar la carga contributiva de la clase trabajadora y media es legítima, no debe lograrse a costa de erosionar la base de contribuyentes de altos ingresos, quienes aportan una parte significativa de los recaudos y contribuyen al desarrollo económico.
La presidenta de la Asociación de Bancos, Zoimé Álvarez, coincidió en que aumentar la tasa máxima haría a la isla menos atractiva para inversionistas y profesionales de alto ingreso. “En la medida en que aumentamos la tasa máxima, Puerto Rico se vuelve menos competitivo”, sostuvo.
El CCPA también pidió cautela con la eliminación de exenciones contributivas para equipos de placas solares y autos híbridos o eléctricos, ya que dicha medida podría contradecir la política pública de energía renovable y afectar el comportamiento de consumo. Rodríguez Ortiz sugirió buscar alternativas que permitan cumplir con los estimados fiscales sin eliminar estos incentivos.
El Departamento de Justicia, representado por la licenciada Ketsy N. García Rosario, indicó que la Asamblea Legislativa puede modificar o eliminar exenciones, siempre que se respete la Constitución. Justicia favoreció la reforma, pero recomendó enmiendas técnicas. La Junta de Planificación, dirigida por Héctor A. Morales, también la apoyó y estimó que su ejecución podría generar un impacto económico de $1,413 millones en la producción local.
La reforma busca reducir las tasas contributivas para quienes ganan entre $25,000 y $90,000 anuales, además de ajustar exenciones personales, por dependientes y para pensionados. Las vistas legislativas continuarán el próximo 24 de enero en la Cámara de Representantes, con la participación de entidades del sector industrial, energético y de la construcción.
