A pocos días de que la defensa de Wanda Vázquez Garced pidiera anular el memorando de sentencia presentado por la Fiscalía federal —documento que recomienda un año de cárcel—, el exagente federal Mark Rossini, coacusado en el mismo caso, también presentó objeciones formales.
La representación legal de Rossini radicó una moción de 11 páginas en la que denuncia varios “errores” en el informe, alegando que contiene datos inexactos y afirmaciones no comprobadas que podrían influir desfavorablemente en su sentencia.
Según los abogados Lydia Lizarribar, Michael B. Nadler y Juan J. Michelen, el documento “mezcla especulación con rumores” y convierte un caso menor en “un referéndum sobre acontecimientos políticos más amplios”. Además, reprochan que el memorando mencione un supuesto “caso relacionado”, algo que consideran incorrecto porque Rossini no tiene condenas previas ni otros procesos activos, salvo la acusación por violar la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA).
La defensa también rechazó que el escrito incorpore hechos de 2019 y principios de 2020 —como protestas y cambios políticos— ajenos al periodo delictivo por el que Rossini se declaró culpable, restringido a marzo-junio de 2020. Aclararon que su cliente no fue conspirador ni “consultor político”, sino un exagente del FBI contratado por Julio Herrera Velutini únicamente para servir como enlace con el Negociado en asuntos relativos a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).
Los abogados objetaron, además, que se acepten sin análisis las declaraciones de Frances Díaz, exejecutiva de Bancrédito International Bank & Trust Corporation, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced, ambos cooperadores de la Fiscalía cuyas motivaciones —según la defensa— no fueron consideradas.
También alegaron que el memorando extiende indebidamente el alcance del caso al basarse en interpretaciones de terceros y en hechos no atribuibles a Rossini, transformando, a su juicio, una sentencia por delito menor en una narrativa política más amplia y prejuiciosa.
Finalmente, los abogados solicitaron al tribunal reconocer que su cliente carece de la capacidad económica para pagar una multa significativa.
La jueza Silvia Carreño Coll, encargada de dictar sentencia a Rossini, Vázquez Garced y Herrera Velutini el 29 de enero, dio a la Fiscalía federal hasta el martes próximo para responder.
Por su parte, la defensa de Vázquez Garced también denunció que la Fiscalía pretende usar alegaciones de un caso ya desestimado para imponer la pena máxima. Los abogados Ignacio Fernández de Lahongrais, Luis Plaza, Edgar Sánchez y Peter Jonh Porrata afirmaron que el gobierno “incumplió el acuerdo de culpabilidad en cinco aspectos”.
El caso se originó en agosto de 2022, cuando un gran jurado acusó a Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini por conspiración, soborno y fraude electrónico. Las autoridades alegaron que la entonces gobernadora accedió a sustituir al jefe de la OCIF, George Joyner, por una persona favorecida por Herrera Velutini, a cambio de apoyo financiero para su campaña.
Sin embargo, tras reuniones en Washington D.C. con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se retiraron los cargos originales y se presentó una acusación única por violar la Ley FECA. Actualmente, los tres acusados esperan sentencia luego de declararse culpables en agosto de 2025, al igual que Frances Díaz y John Blakeman, quienes aún no han sido condenados.
