La secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, fue citada a comparecer la próxima semana ante una vista ejecutiva –a puerta cerrada– de la Comisión de Transportación de la Cámara de Representantes. El cuerpo legislativo investiga presuntas irregularidades en un centro de inspección de vehículos y venta de marbetes que pertenecía a Pérez Peña y operaba en Yabucoa.
El representante José “Cheíto” Hernández, presidente de la Comisión, informó que la vista se celebrará el próximo miércoles y que también fueron convocados otros diez centros de inspección. Hernández adelantó que se busca aclarar los procesos utilizados para imponer y pagar una multa de $5,000 a Yabucoa Auto Services, sanción que, según alegatos, podría haber alcanzado hasta cerca de $1 millón. La información obtenida será comparada con datos suministrados por el Departamento de Hacienda.
Mientras, La Fortaleza reiteró que esperará el resultado de la investigación del Departamento de Justicia antes de tomar decisiones sobre la funcionaria. El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, destacó que la gobernadora Jenniffer González mantiene su confianza en Pérez Peña. “Una vez termine la investigación, ella tomará las determinaciones que sean precisas”, afirmó.
El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, explicó que el informe encomendado por la gobernadora ya fue remitido a la fiscal del caso. El documento cubre el periodo 2023-2024 y fue elaborado por un policía destacado en el DTOP con 29 años de servicio, incluyendo labor con el Negociado Federal de Investigaciones. González Montalvo indicó que el informe recoge evidencia documental y entrevistas adicionales, y que la única prueba disponible sobre el centro es el pago de la multa de $5,000.
Por su parte, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, tiene hasta el lunes 9 de marzo para referir el caso a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente. La pesquisa evalúa posibles violaciones al Código Anticorrupción, basadas en señalamientos de legisladores y una declaración jurada de Arturo Deliz Vélez, exdirector de Investigaciones e Inspección del DTOP, quien examinó las supuestas irregularidades en el centro administrado por familiares de la secretaria.
En el ámbito legislativo, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, indicó que el expediente sometido por Pérez Peña durante su nominación no presentó discrepancias financieras. Explicó que la funcionaria informó haber sido titular del centro, aunque su administración estaba en manos de su padre y hermano desde hacía años. “Los contadores públicos lo vieron, no encontraron discrepancias y se cumplió con rigor la evaluación”, señaló.
Rivera Schatz sostuvo que Pérez Peña no estaba obligada a reportar las sanciones impuestas por el DTOP al centro por la presunta venta fraudulenta de marbetes, lo que ocasionó su cierre por 10 meses. Añadió que la multa recaía sobre la corporación, una entidad jurídica separada, y que la secretaria cumplió con los requisitos de transparencia exigidos para su nombramiento.
