El Centro para la Investigación y Manejo del Ámbito de El Yunque (CIRMA) alertó sobre el Proyecto de la Cámara 862, radicado por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, a nombre de Foundation for Puerto Rico. La medida propone crear una corporación sin fines de lucro denominada Consejo de Desarrollo Económico de la Región Este (CDERE), con jurisdicción sobre 15 municipios, y con una inversión inicial de $1.5 millones del Estado.
El planificador David Carrasquillo Medrano, en representación del CIRMA, advirtió que la legislación promueve un modelo de gobernanza sin controles democráticos ni salvaguardas ambientales. “Privatiza muchas de las instancias de gobernanza, lo que es problemático, pues no se les aplican los requerimientos de transparencia, participación e información”, señaló.
El proyecto concede a Foundation for Puerto Rico un rol “determinante” como incorporador, agente fiscal y socio estratégico del CDERE. Carrasquillo Medrano sostuvo que esta estructura subordina la gestión pública regional a un ente privado “ajeno” y “sin estructura participativa local”. “El CDERE parte de una visión centrada en la economía del visitante, no en la ecología del territorio”, recalcó.
Jon Borschow, director ejecutivo de Foundation for Puerto Rico, rechazó los señalamientos y defendió la propuesta. Explicó que busca proteger los activos ambientales y culturales de la región, y aseguró que se han reunido con organizaciones comunitarias para atender sus inquietudes. “Para nada estamos pretendiendo alterar áreas sensitivas. Estamos buscando protegerlas y mejorarlas”, afirmó.
Según Borschow, el proyecto surge tras años de estudio sobre los retos del este de la isla, especialmente tras el cierre de la base naval Roosevelt Roads en 2004. Destacó que el modelo ofrece “múltiples espacios” para la participación local y coloca la economía del visitante como eje, con más de dos millones de turistas en 2024.
El CIRMA, en su ponencia legislativa, advirtió que el CDERE sería una entidad privada con poderes similares a una corporación pública, lo que le permitiría administrar fondos públicos, operar activos naturales y emitir instrumentos financieros. Propuso, en cambio, una junta con 70% de representación local, un comité científico asesor y un observatorio regional de datos abiertos.
Carrasquillo Medrano pidió retirar la medida para rediseñarla con participación ciudadana. Además, cuestionó su radicación poco después de que Méndez anunciara su intención de enmendar la Ley 8-2013, que protege el Corredor Ecológico del Noreste, al afirmar que dicha ley “congeló cualquier posible desarrollo”. “Es muy claro que todas estas cosas que están ocurriendo, en su sumatoria, son para preocuparse”, advirtió el planificador.
