Chile enfrenta una fuerte conmoción tras el ataque ocurrido el 27 de marzo en un colegio de Calama, donde un estudiante de 18 años asesinó a una inspectora e hirió a cuatro personas. El hecho, considerado por las autoridades como el primer caso planificado de violencia escolar, generó una cadena de amenazas de tiroteos y nuevos incidentes en distintos puntos del país.
Los ataques armados son poco comunes en Chile, aunque la violencia en las escuelas ha aumentado. En los últimos años, los conflictos entre estudiantes y episodios de agresión se han vuelto más recurrentes, reflejando una escalada en frecuencia y gravedad.
El presidente José Antonio Kast, que lleva menos de un mes en el cargo, anunció una batería de medidas para reforzar la seguridad. La nueva ley de convivencia escolar, publicada recientemente en el Diario Oficial, crea una Política Nacional de Convivencia Educativa, canales seguros de denuncia y procesos de investigación más rápidos. También habilita el uso de detectores de metales en los centros educativos.
Además, Kast informó que enviará al Congreso dos proyectos de ley para modificar el Código Penal, endurecer las sanciones por delitos en el ámbito escolar, otorgar mayores facultades a los docentes y permitir la revisión de mochilas y objetos personales. Las nuevas disposiciones incluyen sanciones para quienes interrumpan clases y la prohibición del uso de gorros o prendas que impidan la identificación facial.
“Chile no puede seguir esperando que ocurra otro hecho violento”, advirtió Kast, quien pidió al Congreso legislar con rapidez y aseguró que su gobierno fue elegido para “recuperar el orden, el sentido común y la autoridad”.
Desde el ataque en Calama, diversos colegios en todo el país suspendieron clases por amenazas. En Curicó, un estudiante de 15 años intentó entrar a su escuela con un arma; en Santiago, hubo incidentes con bombas caseras y molotov; y en Valparaíso, varios colegios cerraron ante alertas de tiroteo. Incluso una universidad tuvo que ser evacuada por la presencia de un hombre armado.
El presidente del Colegio de Profesores de Chile, Mario Aguilar, afirmó que el ataque generó un “efecto de imitación”, pero también reveló una violencia latente en el sistema educativo. Según la Superintendencia de Educación, las denuncias por convivencia escolar se duplicaron en seis años, pasando de 8,811 en 2019 a 17,076 en 2025.
Expertos consultados calificaron las medidas del gobierno como insuficientes. Aguilar y otros especialistas insistieron en que los problemas de fondo —salud mental, inequidad social y un modelo educativo centrado en el rendimiento— siguen sin atenderse. El académico Miguel Caro Ramos advirtió que la desigualdad estructural “se ha intensificado bajo un modelo de vida y económico que exacerba la violencia”.
Los especialistas coinciden en que se requieren cambios profundos y sostenidos para frenar la tendencia de violencia escolar antes de que se vuelva incontrolable.
