El condado de Salt Lake, en Utah, ha presentado una demanda ante un tribunal federal con el objetivo de bloquear el plan del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de transformar un vasto almacén en un centro de detención para inmigrantes. Este desafío legal es la respuesta más reciente a los intentos gubernamentales de establecer centros de detención de inmigrantes sin la consulta adecuada a funcionarios locales.
La compra del almacén, realizada en marzo, ha sido la adquisición más costosa realizada por el Departamento de Seguridad Nacional para tales fines. Con un costo de $145.4 millones, el almacén tiene una extensión de 77,388 metros cuadrados (equivalente al espacio de aproximadamente 15 campos de fútbol americano) y está diseñado para acoger a hasta 10,000 inmigrantes. La transacción fue realizada con un grupo inmobiliario parcialmente controlado por Deutsche Bank y se efectuó a casi un 50% por encima del valor de mercado estimado para 2025.
Reacciones locales y la polémica por el centro
En total, entre enero y marzo, el DHS adquirió 11 almacenes por más de $1,000 millones, durante las últimas semanas de la dirección de la secretaria Kristi Noem, como parte de un ambicioso plan de $38,300 millones destinado a un nuevo modelo de detención para incrementar la capacidad de camas y agilizar las deportaciones. Sin embargo, este plan ha sido puesto en pausa por Markwayne Mullin, sucesor de Noem, mientras la Oficina del Inspector General del DHS investiga si estos gastos fueron innecesarios.
La alcaldesa de Salt Lake City, Erin Mendenhall, manifestó firmemente que «este tipo de instalación no debería existir en Salt Lake City». Mencionó preocupaciones relacionadas con la naturaleza inhumana del proyecto, así como el impacto negativo que generaría en el suministro de agua y en los sistemas de servicios públicos de la ciudad. Asimismo, Jenny Wilson, alcaldesa del condado, calificó el plan como «una grave amenaza» para los valores comunitarios, alegando que congestionaría la infraestructura y perjudicaría tanto a las empresas como la salud y seguridad públicas.
Incertidumbre legal a nivel nacional
A nivel nacional, se han presentado numerosas acciones legales contra iniciativas similares del gobierno. En Pensilvania, el gobernador demócrata Josh Shapiro ha emitido órdenes administrativas para detener el funcionamiento de dos centros de detención hasta que el DHS demuestre su cumplimiento con normativas ambientales estatales y federales; estas órdenes están en proceso de apelación por parte del DHS.
Situaciones parecidas se desarrollan en otros estados: en Maryland, un juez ha emitido una orden judicial preliminar que paraliza la construcción de un centro en Williamsport. En Nueva Jersey, luego de la presentación de una demanda, el Servicio de Inmigración y Aduanas sigue elaborando una nueva evaluación ambiental respecto a un proyecto en Roxbury.
El grupo activista Uproar Utah ha organizado una conferencia de prensa para abordar su oposición a estos planes y sumarse al creciente coro de voces que buscan detener estos desarrollos. Hasta ahora, el DHS no ha emitido declaraciones en respuesta a estas acciones legales.
Fuente: El Nuevo Día
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