Washington- El Caucus Negro del Congreso de Estados Unidos y los principales grupos de derechos civiles marcaron el martes el Mes de la Historia Negra con el relanzamiento de un plan nacional para movilizarse contra lo que describen como esfuerzos de la administración Trump para debilitar protecciones legales dirigidas a comunidades minoritarias.
Los líderes expresaron su indignación ante las medidas impulsadas por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca y por su conducta personal. Sin embargo, ofrecieron pocos detalles sobre las acciones concretas que tomarán. “En el último año, hemos sido testigos de un esfuerzo concertado para hacer retroceder los derechos civiles subyacentes al acceso al voto, desmantelar los programas sociales y concentrar el poder en manos de los ricos y bien conectados, a expensas de nuestra comunidad”, afirmó la representante demócrata Yvette Clarke, presidenta de la Bancada Negra del Congreso.
Clarke aseguró que la coalición “legislará, organizará y movilizará” de cara a las elecciones legislativas de otoño. Entre los temas discutidos figuró la protección del voto y la preparación de una agenda para un posible retorno demócrata a alguna de las cámaras del Congreso.
El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, señaló que es momento de emplear “todas las herramientas disponibles” y no descartó protestas, boicots o acciones legales. Las advertencias surgieron mientras la administración Trump intensifica su campaña contra iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en el gobierno federal, la educación superior y el sector privado. Al inicio de su segundo mandato, Trump firmó órdenes ejecutivas que prohíben el uso de lo que denomina “DEI ilegal” y ha amenazado con retener fondos a entidades públicas y privadas.
La administración también ha priorizado investigaciones sobre presunta discriminación contra personas blancas y ha intentado redefinir la enseñanza de la historia y la cultura en instituciones educativas. Legisladores demócratas y grupos de derechos civiles han presentado docenas de demandas para frenar las políticas antiDEI.
Sin control de ninguna de las cámaras del Congreso, los demócratas reconocen sus limitaciones, mientras los líderes de derechos civiles buscan reorganizarse antes de las elecciones de medio término. Algunos sostienen que las posturas de Trump en inmigración, derechos al voto y economía afectan directamente avances logrados por décadas en la lucha contra la discriminación. “Se trata de cómo esta administración está utilizando las herramientas que construimos como comunidad negra para garantizar que toda nuestra gente está protegida”, dijo Maya Wiley, presidenta y directora ejecutiva de la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos.
Este mes, fiscales generales estatales y organizaciones de derechos civiles lanzaron una coalición para promover políticas de DEI mediante acciones legales más agresivas. “Los fiscales generales de los estados se encuentran en una posición única para defender estos derechos fundamentales”, sostuvo el fiscal general de Illinois, Kwame Raoul.
La iniciativa reúne a fiscales generales demócratas de catorce estados y del Distrito de Columbia, junto a más de una docena de grupos nacionales. Buscan investigar y presentar demandas ante posibles violaciones a leyes contra la discriminación provocadas por el retroceso en las políticas de DEI.
El panorama jurídico, sin embargo, sigue siendo incierto. Los tribunales federales están divididos sobre el uso de la raza en la contratación, y el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha limitado su uso en admisiones universitarias. Los líderes admitieron que el movimiento enfrenta múltiples retos simultáneos y anticipan nuevas batallas políticas en los próximos años.
