Hiram Echevarría Ríos, conocido como “Chucky”, cobró notoriedad en octubre de 2024 cuando fue señalado por las autoridades como sospechoso de secuestro y agresión sexual. Tras meses prófugo, fue arrestado el 15 de enero de 2025 en el residencial San Sebastián Court, en San Sebastián. Desde entonces, su caso ha sido objeto de un complejo proceso judicial que llegó hasta el Tribunal Supremo.
Echevarría Ríos enfrenta múltiples acusaciones por agresión sexual, secuestro, secuestro agravado, robo agravado, maltrato y violaciones a la Ley de Armas. Tras una primera ronda judicial en el Tribunal de Carolina, la jueza Gema M. González desestimó los cargos al no estar la fiscalía lista para juicio y ordenó su excarcelación. No obstante, el fiscal Jesús Peluyera anunció inmediatamente que reinstalaría los cargos, lo que ocurrió al día siguiente, bajo la atención de la jueza Geisa Marrero Martínez, quien determinó causa para arresto.
El imputado alegó que esta nueva vista se celebró sin permitirle la presencia de su abogado, pese a haber solicitado comunicarse con él. También reclamó que nunca fue liberado tras la orden de excarcelación anterior. Ante tales alegaciones, su defensa pidió la desestimación de los cargos por violación al debido proceso de ley, pero tanto el Tribunal de Carolina como el Tribunal de Apelaciones denegaron su solicitud, elevando la controversia al Tribunal Supremo.
El alto foro no modificó el fallo del Apelativo, pero el caso generó una marcada división entre los jueces. La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite D. Oronoz Rodríguez, junto a los jueces asociados Luis F. Estrella Martínez y Ángel Colón Pérez, emitieron opiniones disidentes donde denunciaron graves deficiencias procesales. Oronoz Rodríguez destacó que Echevarría Ríos permaneció bajo custodia pese a una orden de excarcelación y que se le privó de contar con su abogada, lo cual, a su entender, violó sus derechos constitucionales y estatutarios.
Por su parte, Estrella Martínez consideró “altamente preocupante” que tras la desestimación de los primeros cargos el imputado continuara detenido. En su criterio, esto representó una violación al derecho a juicio rápido y a la asistencia de abogado.
No obstante, el juez asociado Raúl A. Candelario López, respaldado por los jueces Rafael Martínez Torres, Mildred G. Pabón Charneco, Erick V. Kolthoff y Roberto Feliberti Cintrón, sostuvo que la solicitud de desestimación fue prematura. Argumentó que aún no se había determinado causa para acusar y que la Regla 6 del Procedimiento Criminal no reconoce un derecho constitucional a tener abogado presente durante la vista de causa para arresto.
Candelario López añadió que imponer ese requisito provocaría demoras operacionales, concluyendo que el recurso de Echevarría Ríos no procedía. Pese a no alterar el fallo, la fuerte división en el Supremo dejó abierta una discusión sobre el alcance de los derechos de los imputados en las primeras etapas del proceso penal.
