Las conversaciones entre la Casa Blanca y los demócratas para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se estancaron el jueves, justo antes de que legisladores del Congreso abandonaran Washington por un receso de diez días, dejando latente la posibilidad de un cierre parcial del gobierno.
Durante los últimos días, ambas partes intercambiaron propuestas. Los demócratas insistieron en limitar la agresiva campaña de aplicación de la ley de inmigración del presidente Donald Trump, exigiendo una mejor identificación de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), un nuevo código de conducta, y un mayor uso de órdenes judiciales.
La Casa Blanca presentó su más reciente oferta la noche del miércoles, que, según el líder de la mayoría del Senado, el republicano John Thune, incluía “concesiones” de la administración. Sin embargo, Thune reconoció que las partes están “muy lejos de una solución”. El Senado rechazó un proyecto de ley de financiación del DHS con una votación de 52-47, insuficiente para su aprobación.
El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, afirmó que los estadounidenses quieren “rendición de cuentas y el fin del caos”, y exigió medidas legislativas para “frenar al ICE y poner fin a la violencia”. Recordó los recientes tiroteos que dejaron dos muertos en Minnesota, tras choques con agentes federales.
Entre las principales demandas demócratas figuran mayores garantías judiciales tras la muerte del enfermero Alex Pretti a manos de un agente de la Patrulla Fronteriza y de Renee Good, tiroteada por oficiales del ICE. Schumer y el líder de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, pidieron que los agentes no entren en propiedades privadas sin órdenes judiciales y que se termine con las llamadas “patrullas itinerantes”.
Thune reconoció que el tema de las órdenes judiciales “será muy difícil para la Casa Blanca o los republicanos”, aunque dijo que ha habido avances en otras áreas.
Los demócratas también buscan que se prohíba el uso de cámaras corporales para monitorear manifestaciones, se endurezcan las políticas de uso de la fuerza y se establezcan salvaguardias legales en los centros de detención. A su vez, exigen que las autoridades confirmen la ciudadanía antes de cualquier arresto.
Mientras tanto, Trump se mantiene en silencio sobre las conversaciones.
Los republicanos intentaron aprobar una prórroga temporal de fondos, pero los demócratas la bloquearon. “No apoyaremos una prórroga del statu quo”, enfatizó Schumer.
Aunque el impacto inicial de un cierre del DHS sería limitado —debido a los 75,000 millones de dólares destinados previamente a fortalecer al ICE—, otras agencias del departamento, como la Administración de Seguridad en el Transporte, FEMA, el Servicio Secreto y la Guardia Costera, podrían verse más afectadas con el tiempo.
Gregg Phillips, administrador adjunto de FEMA, advirtió que su fondo de ayuda para catástrofes podría operar durante un cierre, pero quedaría comprometido ante un desastre mayor. “La planificación a largo plazo y la coordinación con los socios estatales y locales se ven irremediablemente afectadas”, señaló.
La falta de consenso mantiene al país ante un nuevo episodio de tensiones políticas por la financiación de la seguridad nacional.
