El exsecretario de Salud, Carlos Mellado, confirmó que acudió ante el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina del Inspector General de Estados Unidos para alertar sobre presuntas irregularidades en el contrato de la empresa Intervoice Communication of Puerto Rico con el Programa Medicaid del Departamento de Salud. La intervención de Mellado surge en medio de los cuestionamientos a ese contrato durante la interpelación en el Senado al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech.
Mellado explicó que su acercamiento a las autoridades federales se produjo tras declarar bajo juramento que, en 2024, mientras era secretario de Salud, se sintió presionado e intimidado por Domenech y Kenneth McClintock, ambos entonces vinculados a la firma de cabilderos Politank, durante una reunión en la que promovían la contratación de Intervoice. En su declaración jurada, suscrita ante la notaria Adrín I. Pérez García en Canóvanas, Mellado sostuvo: “La intensidad y la insistencia con la que los señores McClintock y Domenech plantearon sus gestiones me generaron una percepción de presión e intimidación sobre mi persona y sobre la función pública que ejercía”.
La declaración jurada fue discutida en la Comisión Total del Senado, donde Domenech confirmó la reunión, pero negó haber presionado a Mellado. A preguntas del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, aseguró que el exsecretario “miente” y subrayó que su encuentro fue como ejecutivo de Politank, empresa que vendió a finales de 2024. Asimismo, consideró sospechoso que Mellado esperara hasta 2026 para presentar su declaración.
Mellado reiteró que decidió acudir a las autoridades una vez surgió la controversia pública sobre la contratación de Intervoice y Politank. Afirmó que no accedió a las solicitudes de los cabilderos para cancelar una subasta a favor de la empresa Konza, de Kansas, que inicialmente había obtenido la puntuación más alta. Esa adjudicación fue luego anulada por el actual secretario de Salud, Víctor Ramos, quien celebró una nueva licitación en la que Intervoice resultó favorecida.
El contrato adjudicado a Intervoice el 30 de octubre de 2025 asciende a $29,822,816.45 y todavía requiere la evaluación de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, la Junta de Supervisión Fiscal, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Puerto Rico Innovation and Technology Service. No figura aún en el registro de la Oficina del Contralor, aunque Intervoice mantiene otros contratos gubernamentales por $32.4 millones. Durante el gobierno de Luis Fortuño, la compañía solo contaba con $4.4 millones en acuerdos.
El caso continúa bajo la atención del Senado, que investiga el manejo de contratos en el Programa Medicaid del Departamento de Salud.
