Una actividad política para recaudar fondos a beneficio del comité de campaña de la gobernadora Jenniffer González fue cancelada un día antes de su celebración. El evento, pautado para un martes en el hotel Caribe Hilton de San Juan, tenía un costo de $2,500 por persona y era coordinado por Rafael Fabre, contratista de la Junta Reglamentadora del Servicio Público.
De acuerdo con un mensaje difundido por mensajería, Fabre indicaba que colaboraba con Carmen Serrano, directora ejecutiva de la Junta, en la organización de una actividad “pequeña y privada” con Jenniffer González. Sin embargo, según supo El Nuevo Día, los organizadores “no lograron el apoyo que esperaban y lo cancelaron”.
“El evento se abortó. No sé si fue que reservaron la fecha, pero a mí nunca me informaron”, señaló Oriol Campos, tesorero del comité de campaña, quien aclaró que no estaba involucrado en la planificación.
Fabre, quien mantiene contratos con siete dependencias gubernamentales —incluida la Junta Reglamentadora— con acuerdos valorados en $636,000 a través de Fabre LLC, no respondió a llamadas ni solicitudes de entrevista. Tampoco respondió Serrano.
El contralor electoral, Walter Vélez, señaló que no había querella o investigación abierta sobre el asunto, pero recordó que la legalidad de este tipo de actividades depende de conocer si se realizan durante horas laborables, si se usa dinero público o si existe algún quid pro quo para contratistas, según lo dispone la Ley 222 de 2011, que rige el financiamiento de campañas políticas.
“Como norma general, las personas pueden participar en actividades políticas en su carácter personal y hacer aportaciones conforme al marco legal existente”, explicó Vélez. No obstante, puntualizó que cualquier análisis sobre la legalidad de estas acciones “requiere examinar los hechos completos y el contexto específico en el que se dan”.
Vélez reiteró su llamado a que los contratistas del gobierno no puedan aportar a campañas políticas para evitar la apariencia de conflicto de interés. La Junta Reglamentadora del Servicio Público opera como ente sombrilla del Negociado de Transporte y Seguridad Pública, la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, el Negociado de Energía de Puerto Rico y el Negociado de Telecomunicaciones.
