La Cámara de Representantes someterá a votación este lunes el Proyecto del Senado 752, que propone eliminar el privilegio de escoltas a los gobernadores una vez concluyan su mandato, confirmó el presidente de ese cuerpo legislativo, Carlos “Johnny” Méndez. La medida eliminaría también el beneficio para los candidatos a la gobernación y a comisionado residente, excepto cuando se demuestre peligro real a su vida o seguridad.
El proyecto, de la autoría del senador Juan Oscar Morales, establece que el gobierno no podrá contratar seguridad privada y que cualquier asignación de escoltas estará sujeta a la determinación del superintendente de la Policía, atendiendo criterios de necesidad real, disponibilidad de recursos y suficiencia presupuestaria. Además, la protección sería temporal y revisable, y podría suspenderse si cesan las condiciones que la justifican.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Félix Pacheco, explicó que el derecho a escoltas se eliminaría salvo que el beneficiario pueda demostrar una amenaza real. Añadió que en el caso de gobernadores y exfuncionarios convictos por delito grave o menos grave, estos no podrán solicitar ni mantener servicios de escolta.
El comisionado residente Pablo José Hernández no utiliza escoltas, y los exgobernadores Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá renunciaron voluntariamente al privilegio. En contraste, Wanda Vázquez Garced, quien en agosto se declaró culpable en el ámbito federal por un delito electoral, cuenta con cinco oficiales y dos vehículos asignados.
“El proyecto es claro, es eliminación”, afirmó Méndez, quien añadió que se derogaría el Artículo 9.42 del Código Electoral (Ley 58-2020), que permite escoltas a candidatos en elecciones generales.
El Tribunal Supremo determinó en 2009, en un caso presentado por Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló, que las escoltas de seguridad para exgobernadores constituyen un derecho propietario protegido constitucionalmente. No obstante, el tribunal reconoció que la Legislatura puede regular o eliminar ese derecho de forma prospectiva.
En su exposición de motivos, la medida sostiene que eliminar este privilegio “contribuirá a restablecer la confianza pública en la equidad del sistema y permitirá reorientar recursos hacia las verdaderas prioridades del país”.
Durante la evaluación del proyecto, el exgobernador Luis Fortuño presentó un memorial defendiendo la permanencia del derecho a escoltas, pero coincidió en que debe perderse automáticamente si existe una convicción penal. Indicó que reside en Estados Unidos, aunque ha solicitado escoltas cuando visita la isla para actividades en las que pueda existir algún riesgo.
En 2009, mientras ofrecía una conferencia en Fajardo, un ciudadano le lanzó un huevo, incidente ocurrido meses después de promulgar la Ley 7 de 2009, que conllevó despidos masivos en el gobierno. Pacheco anticipó que la medida contará con apoyo mayoritario al considerar que el caso de Wanda Vázquez será un factor determinante en el debate.
En enero de 2022, el gobernador Pedro Pierluisi vetó una iniciativa similar que pretendía eliminar las escoltas a un mandatario que hubiese renunciado, como Ricardo Rosselló Nevares, además de retirar la discreción de la Policía para otorgarlas.
La votación de este lunes será decisiva para establecer si se pone fin a un privilegio que, por décadas, ha generado controversia en torno al uso de fondos públicos y la equidad gubernamental.
