La Cámara de Representantes aprobó este lunes extender hasta finales del cuatrienio la investigación sobre alegadas irregularidades en los centros de inspección y venta de marbetes. La medida asegura la continuidad de la pesquisa, que había sido suspendida por orden del presidente Carlos “Johnny” Méndez.
La Resolución de la Cámara 697 amplía hasta la séptima sesión legislativa —la última del cuatrienio— el plazo de la Comisión cameral de Transportación para rendir su informe con hallazgos y recomendaciones. El término original de 180 días venció en marzo.
“Si no se hacía así, no había manera de continuar la investigación hasta finales del cuatrienio”, explicó el representante novoprogresista José “Cheíto” Hernández, quien dirige la pesquisa como presidente de la Comisión de Transportación.
Méndez había ordenado detener los trabajos a mediados de abril, después de la renuncia de la exsecretaria de la Vivienda Ciary Pérez Peña, al considerar que la investigación podría “perjudicar irremediablemente” los procesos penales en curso en el Departamento de Justicia y el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).
Hernández expresó entonces su desacuerdo con la decisión. El 7 de mayo presentó hallazgos preliminares de la Resolución de la Cámara 352 y anunció el referido de 30 centros de inspección al Departamento de Justicia por posibles delitos. Entre ellos figura Yabucoa Auto Service, propiedad de Pérez Peña hasta diciembre. Las posibles violaciones incluyen el uso de maquinarias no autorizadas por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), certificaciones falsas y alteraciones al sistema de inspección.
Durante la misma sesión, el pleno cameral aprobó además el Proyecto de la Cámara 315, que busca aclarar la diferencia entre “local de propaganda” y “propaganda política” en el Código Electoral de 2020. Según la exposición de motivos, la falta de definiciones claras ha generado interpretaciones ambiguas y una aplicación inconsistente de la ley.
La medida define “local de propaganda” como cualquier edificio, estructura o unidad rodante, en movimiento o estacionaria, donde se promueva propaganda política. A su vez, “propaganda política” incluye letreros, rótulos, pegatinas, medios visuales, auditivos o electrónicos utilizados por partidos o candidatos para promoverse.
“Esto facilita el trabajo de fiscalización y les brinda certeza a los partidos, candidatos y funcionarios públicos sobre sus obligaciones legales”, indica el informe de la Comisión de Gobierno, que recomendó su aprobación. El autor de la medida, el representante Luis “Junior” Pérez Ortiz, destacó que además se moderniza el lenguaje legal y se reconocen nuevas formas de comunicación política.
