La Cámara de Representantes aprobó este martes, sin vistas públicas y por descargue, el Proyecto del Senado (PS) 923, una medida de administración que enmienda el Código Penal de Puerto Rico para tipificar como asesinato la muerte de un concebido no nacido. La medida fue avalada a viva voz y deberá someterse a una votación final para su ratificación.
La representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adriana Gutiérrez Colón, denunció que la propuesta “atenta contra los principios de intimidad del ser humano, particularmente de las mujeres” y cuestionó la falta de vistas públicas. “Dictatorial son las actitudes y las formas en la que aprueban estas medidas”, expresó. Diversas expertas en derechos reproductivos han advertido que el proyecto representa un paso hacia la eventual prohibición del aborto.
El presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, defendió la medida al indicar que responde a un compromiso con la ciudadanía “para defender la vida y los intereses de los puertorriqueños y las puertorriqueñas por nacer”.
El PS 923 incluye una enmienda que dispone que la definición de “asesinato contra un ser humano” será la recogida en los incisos (G), (H) y (I) del Artículo 93 del Código Penal (Ley 146-2012), añadidos mediante la Ley 166-2025, conocida como Ley “Keishla Madlane”. Esa ley tipifica el asesinato en primer grado de una mujer embarazada, así como la muerte del concebido en cualquier etapa de gestación. La legislación fue presentada tras el asesinato de Keishla Madlane Rodríguez Ortiz en 2021.
El proyecto ahora debe regresar al Senado para su consideración final. Su exposición de motivos plantea que la enmienda al Artículo 92 del Código Penal busca “mantener coherencia entre las disposiciones civiles y penales”.
En 2025 se aprobó también la Ley 183-2025, que enmendó el Código Civil para reconocer al concebido como persona natural. El estatuto fue rechazado por médicos y juristas que denunciaron que representa “un ataque directo” contra las mujeres y las personas con capacidad de gestar, además de poner en riesgo la práctica médica.
Horas antes de la votación, la organización Aborto Libre protestó en el Capitolio señalando que la medida amenaza la salud y los derechos de las personas gestantes. La abogada y profesora Yanira Reyes Gil afirmó que “nuestro derecho constitucional a la intimidad y a la dignidad humana va por encima de cualquier intento de la Legislatura de erosionar nuestros derechos”. Otra abogada, Rosa Seguí, añadió que “la aprobación de leyes que perjudican nuestros derechos y acceso a la salud por maniobras político-partidistas y sin participación ciudadana es una afrenta a la democracia”.
