En el último día para la aprobación de medidas en ambos cuerpos legislativos, la Cámara de Representantes avaló una legislación que prohibiría al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) considerar o aprobar, durante los próximos 24 meses, cualquier solicitud de aumento en las tarifas eléctricas presentadas por LUMA Energy o entidades relacionadas con la operación y mantenimiento del sistema eléctrico.
La propuesta destaca que, aunque el costo promedio del kilovatio-hora en Puerto Rico se mantiene entre los más altos de Estados Unidos y el Caribe, los ciudadanos no perciben mejoras en la calidad ni en la confiabilidad del servicio. Ante esta situación, se plantea una moratoria temporal para proteger a los consumidores.
La Resolución de la Cámara 243, de los representantes Ángel Fourquet y Víctor Parés, fue aprobada por unanimidad con 45 votos. Actualmente, el NEPR lleva a cabo vistas públicas para establecer una nueva tarifa básica del sistema eléctrico, proceso que no se revisa desde hace ocho años y que podría implicar un aumento permanente en el costo del servicio.
Según la medida, durante el periodo de moratoria el NEPR, junto con la Junta Reglamentadora del Servicio Público y el Zar de Energía, deberá realizar una auditoría independiente del sistema tarifario. El análisis incluirá una revisión de los costos operacionales y administrativos de LUMA, la razonabilidad de los ajustes automáticos por combustible y energía comprada, además de la verificación de los indicadores de desempeño, eficiencia y confiabilidad.
La propuesta también ordena identificar medidas correctivas para mitigar el impacto tarifario sobre los consumidores y exige un informe intermedio a la Asamblea Legislativa en los primeros 12 meses. Mientras esté vigente la moratoria, cualquier procedimiento de aumento de tarifas en curso o pendiente quedaría suspendido, permitiendo solo revisiones dirigidas a reducir los pagos de los clientes.
Durante las vistas sobre el tema, la presidenta electa de la Asociación de Restaurantes (Asore), Sonia Navarro, recomendó establecer una moratoria similar de 24 meses para el sector comercial y otorgar créditos contributivos por la inversión en equipos de eficiencia energética.
En esa misma sesión, la Cámara aprobó otras medidas, entre ellas el Proyecto de la Cámara 153, que crea la “Alerta Verde” para la búsqueda de veteranos desaparecidos, y el Proyecto de la Cámara 784, que concede beneficios a empleados públicos con condiciones terminales. Este último fue presentado por el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez, y el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, y dispone que las solicitudes sean atendidas de manera expedita para asegurar el acceso rápido a los fondos correspondientes.
