La Cámara de Representantes aprobó este martes el Proyecto de la Cámara (PC) 605, de la senadora Lourdes Ramos, que obliga a hoteles, paradores y arrendamientos a corto plazo a colocar avisos de seguridad que alerten a los huéspedes sobre las condiciones peligrosas en las costas de Puerto Rico.
Los avisos deberán incluir un enlace o información sobre plataformas digitales, como “Swim Safe PR”, que ofrece datos actualizados sobre el estado de las playas y cuerpos de agua en toda la isla. La medida obtuvo 43 votos a favor y pasará ahora al Senado.
El proyecto destaca que, pese a la belleza natural de las costas, la falta de vigilancia y las fuertes corrientes han provocado accidentes y muertes, especialmente entre turistas que desconocen las advertencias locales. Según datos del Instituto de Ciencias Forenses, entre el 1 de enero y el 19 de marzo se registraron 11 muertes por asfixia por sumersión, y después de esa fecha se reportaron más incidentes, entre ellos el de cuatro turistas en Manatí, Vieques y San Juan.
El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez, reconoció que “hay momentos en que las playas se convierten en elementos de peligrosidad”. El 2 de abril se reportó, además, la desaparición de Jonathan Luis Michelle Álvarez, de 24 años, cuyo cuerpo fue recuperado días después en Manatí.
Originalmente, la medida contemplaba incluir listas de playas cercanas, planes de desalojo y contactos de agencias de seguridad, pero estas disposiciones fueron eliminadas mediante enmiendas. Airbnb objetó el proyecto al alegar que impondría cargas desproporcionadas y podría generar desinformación si la data no se actualiza con frecuencia.
El portavoz del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer Santiago, opinó que el asunto requiere mayor discusión: “Si lo que queremos es prevenir ahogamientos, tenemos que analizar qué playas recomienda el gobierno”. También reiteró que el Ejecutivo debe identificar cuáles playas son seguras para el baño.
La Compañía de Turismo favoreció la medida, aunque advirtió sobre posibles impactos económicos derivados de su fiscalización. La Junta Interagencial para el Manejo de las Playas tendrá autoridad para imponer sanciones bajo la Ley 293-1999.
Durante la misma sesión, el pleno también aprobó el PC 485, que declara el cuarto jueves de abril como el “Día Oficial de las Niñas y Mujeres en STEM”; el PC 600, que permite a policías y bomberos con 58 años y 30 de servicio extender su periodo activo hasta los 66 años; el PC 845, que declara junio como el “Mes para Promover la Donación de Sangre en Puerto Rico”; y el PC 1017, que tipifica como delito grave amenazar con divulgar material íntimo de una víctima.
