Con 48 votos a favor, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que busca añadir los equipos de energía solar —incluidos los sistemas fotovoltaicos y de almacenamiento en baterías— a la definición de “equipos electrónicos” en la Ley de Reciclaje y Disposición de Equipos Electrónicos (Ley 18-2012).
El Proyecto del Senado (PS) 213, que recibió enmiendas en el hemiciclo cameral, regresará al Senado para evaluación antes de pasar a La Fortaleza para la firma de la gobernadora Jenniffer González. La medida, de la autoría de la senadora Nitza Morán Trinidad, también cubre las baterías de iones de litio de vehículos eléctricos, sus cargadores y otros componentes análogos vinculados a sistemas solares que requieran reciclaje o tratamiento especial.
Ambientalistas han advertido sobre la urgencia de establecer políticas claras para la disposición de paneles solares y baterías al término de su vida útil, ante el riesgo de un impacto ambiental en la isla, ya afectada por limitaciones de espacio para manejar desperdicios sólidos. Las placas solares suelen durar unos 25 años, mientras que las baterías operan alrededor de una década.
Datos de LUMA Energy para 2024 reflejaban que, de los 128,554 sistemas de generación distribuida existentes, 101,642 —un 79%— incluyen baterías.
La Ley 18-2012 ordena que, frente a los avances tecnológicos, se adopten medidas para reducir el impacto ambiental, fomentar la reducción, reutilización y reciclaje de equipos, y garantizar la disposición adecuada de los materiales no recuperables.
Además, la Cámara aprobó por unanimidad el PS 521, que modifica la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos para permitir que los ciudadanos con diversidad funcional soliciten una orden de protección en casos de violación de derechos establecidos por ley.
También avaló el Proyecto de la Cámara (PC) 777, que crearía la Ley para la Verificación de Edad en Sitios de Contenido Pornográfico, y el PC 218, que enmienda la Ley del Instituto de Estadísticas para que las agencias gubernamentales envíen sus informes dentro de 60 días para integrarlos al inventario institucional.
