La Cámara de Representantes evalúa un proyecto de la gobernadora Jenniffer González que propone reformar la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme” (Ley 38-2017) para crear el “Código de Reglamentos” y el “Boletín de Reglamentos de Puerto Rico”, una plataforma digital que centralizaría la publicación y consulta de los procesos reglamentarios del gobierno.
Según el gobierno, la medida –el Proyecto de la Cámara 1080– busca facilitar el acceso y reducir costos en la divulgación pública de reglamentos. Sin embargo, organizaciones y sectores ciudadanos advierten que podría limitar el derecho a la información y excluir a comunidades sin acceso digital.
“Este proyecto establece nuevas trabas para la participación ciudadana activa e informada”, alertó Vanessa Uriarte, directora ejecutiva de Amigxs del M.A.R., durante una vista pública de la Comisión de Reorganización, Eficiencia y Diligencia. Señaló que dejar fuera el requisito de publicar en un medio impreso perjudicaría a personas mayores y comunidades con brecha tecnológica.
La coordinadora de Eficiencia Gubernamental, Verónica Ferraiuoli, defendió la medida afirmando que “lo que se persigue con el proyecto es que haya más disponibilidad de información”. Argumentó que la disminución de periódicos impresos limita el acceso bajo el modelo actual y que algunas agencias no pueden cubrir los costos de publicación. Aclaró, no obstante, que aunque las agencias podrán difundir información por redes sociales o medios tradicionales, no estarán obligadas a hacerlo.
La representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Adriana Gutiérrez, cuestionó la ausencia de un mandato para incluir publicaciones en medios accesibles a todas las comunidades. “Hay sectores del país que, simplemente, no tienen acceso al internet”, subrayó.
El proyecto eliminaría además la disposición que exige divulgar cambios reglamentarios en periódicos regionales cuando impactan a comunidades específicas. Según Ferraiuoli, el gobierno mantiene actualmente 4,160 reglamentos, de los cuales el 90% no ha sido revisado en cinco años.
Para mitigar la exclusión digital, el Departamento de Estado habilitaría 20 centros de servicios integrados alrededor de la isla, donde el público podría acceder la información gratuitamente. No obstante, Uriarte insistió en que el periódico impreso sigue siendo la principal fuente informativa de muchos sectores.
Durante el debate, también se mencionó el precedente del Proyecto del Senado 63, que modificó la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141-2019), cuestionado por limitar la participación ciudadana. El profesor William Vázquez Irizarry, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, reconoció avances en la propuesta, pero recomendó cautela. Sugirió que la publicación en redes sociales de las agencias sea obligatoria y que la legislación reafirme el derecho del público a solicitar vistas públicas.
La medida continuará en análisis legislativo mientras distintos sectores insisten en que la modernización no debe hacerse a costa del acceso a la información.
