Defensores legales en Estados Unidos presentaron una moción para frenar la práctica de agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que, según alegan, estarían promoviendo la autodeportación de niños inmigrantes no acompañados bajo una política federal implementada en 2025.
De acuerdo con la Ley de Reautorización de la Protección de Víctimas de Trata de 2008, los menores detenidos en la frontera deben ser remitidos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, donde pueden recibir asesoría legal y comunicarse con sus familias antes de decidir su futuro. Sin embargo, la nueva política permite que se les ofrezca la opción de regresar voluntariamente a sus países antes de llegar a esos centros.
La moción, presentada el martes, sostiene que esta práctica es coercitiva y viola una orden judicial vigente que prohíbe deportar a menores guatemaltecos sin un procedimiento de inmigración formal. Los abogados que representan a estos niños aseguran que la amenaza de detención prolongada o de sanciones a los patrocinadores adultos busca presionarlos para aceptar la deportación.
Los defensores solicitan al tribunal extender la medida cautelar a menores de otros países, con excepción de México y Canadá. CBP no respondió de inmediato a las solicitudes de comentario.
Testimonios incluidos en la demanda describen episodios en los que agentes presuntamente gritaron o intimidaron a los menores para que firmaran documentos que no comprendían, en ocasiones por las barreras del idioma. Una niña relató que fue obligada a firmar tras lesionarse en un accidente sin recibir atención médica. “Pensé que tenía que firmar, pero no sabía por qué ni para qué”, declaró por escrito.
Mishan Wroe, del National Center for Youth Law, calificó la política como “claramente coercitiva”, ya que priva a los menores de la posibilidad de hablar con un abogado o con su familia antes de tomar decisiones que afectan su futuro.
Por su parte, Michael Julien, funcionario del CBP, indicó en su declaración judicial que la opción de autodeportación se presenta solo a algunos niños y de manera verbal, no por escrito. Sin embargo, los abogados identificaron al menos 13 casos en el sur de Texas y sospechan que la práctica es más extendida.
“Creemos que esto está ocurriendo a muchos más niños”, afirmó Kate Talmor, abogada del Instituto para la Defensa y Protección Constitucional. Explicó que pudieron intervenir en esos 13 casos solo porque los vuelos de deportación no se concretaron a tiempo y los menores fueron transferidos a centros de acogida.
