San Salvador — El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió el martes a la exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, tras las acusaciones de supuestos abusos en la megacárcel salvadoreña Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
“Si está convencida de que en el Cecot se están produciendo torturas, El Salvador está dispuesto a cooperar plenamente”, escribió Bukele en la red social X, en un mensaje dirigido a Clinton.
Su reacción fue en respuesta a una publicación de la excandidata presidencial demócrata, quien compartió el documental “Surviving Cecot”, producido por ProPublica y emitido por Frontline, en colaboración con Alianza Rebelde Investiga, Cazadores de Fake News y The Texas Tribune. En su mensaje, Clinton invitó a conocer testimonios de tres hombres —Juan, Andry y Wilmer— que denunciaron haber sido deportados sin pruebas por la administración de Donald Trump y enviados a la prisión salvadoreña.
Bukele ironizó sobre las acusaciones y ofreció liberar “toda nuestra población carcelaria, incluidos los líderes de pandillas y los descritos como ‘presos políticos’, a cualquier país que esté dispuesto a recibirlos”, con la condición de que sean “todos”. Añadió que eso “sería de gran ayuda para los periodistas y sus ONG favoritas”, al disponer de exreclusos para entrevistas.
El mandatario dijo además que, si las denuncias son reales, un mayor número de testimonios reforzaría esas afirmaciones y que “muchos gobiernos deberían estar dispuestos a ofrecer protección”. Concluyó señalando que su prioridad seguirá siendo “los derechos humanos de los millones de salvadoreños que hoy viven libres del dominio de las pandillas”.
La respuesta de Bukele se difundió en medio de la polémica por la suspensión inesperada de una emisión del programa “60 Minutes” que abordaría el tema del Cecot. También coincidió con revelaciones sobre la deportación de más de 200 venezolanos por parte del gobierno de Donald Trump, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, pese a una orden judicial que lo prohibía. Estas personas fueron enviadas a la prisión de máxima seguridad salvadoreña, acusadas de pertenecer al grupo Tren de Aragua. Posteriormente se conoció que Estados Unidos pagó a El Salvador 4.76 millones de dólares por recibir a los deportados.
