Un panel del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, en Boston, escuchó los argumentos sobre el derecho de las personas no binarias en Puerto Rico a obtener certificados de nacimiento que reflejen su identidad de género. El gobierno de Jenniffer González Colón sostuvo que reconocer el marcador de género “X” podría poner en riesgo el acceso a fondos federales.
El licenciado Omar González Pagán, de Lambda Legal, rechazó ese planteamiento y recordó que 16 jurisdicciones en Estados Unidos ya emiten certificados de nacimiento, y 22 licencias de conducir, con opciones no binarias sin que ello haya afectado su financiamiento federal. González Pagán encabezó la defensa legal de las personas demandantes.
La vista ante el juez presidente David J. Barron y las juezas Sandra L. Lynch y Lara E. Montecalvo responde a la apelación del gobierno de González Colón contra la decisión de la jueza María Antongiorgi Jordán, del Tribunal Federal de Puerto Rico, emitida en junio de 2025. En ese fallo, Antongiorgi Jordán determinó que la política del Registro Demográfico viola la Cláusula de Igual Protección de la decimocuarta enmienda al impedir que las personas no binarias cambien su marcador de género a “X” en sus certificados. La jueza ordenó además que se actualizara el formulario oficial para incluir esa opción.
El procurador general de Puerto Rico, Omar Andino Figueroa, defendió la postura del gobierno y alegó que el marcador “X” no es reconocido por el gobierno federal, además de que su implementación tendría un “costo muy alto”. González Pagán y la abogada Johanna Emmanuelli Huertas pidieron al panel que confirme el fallo, recordando que el gobierno federal sí acepta documentos con marcador “X” emitidos por otros estados y varios países.
El Departamento de Estado federal mantiene paralizado desde enero de 2025 el procesamiento de documentos con el marcador “X”, tras una orden ejecutiva de Donald Trump que reconoce solo dos sexos.
Puerto Rico permite desde 2018 la actualización del género en certificados de nacimiento de personas transgénero gracias al caso Arroyo González v. Roselló Nevares. Esa capacidad se codificó en el Código Civil de 2020. Lambda Legal argumentó que excluir a las personas no binarias de ese derecho es “injustificable e inconstitucional”.
La demanda presentada por seis personas no binarias puertorriqueñas, entre ellas Ínaru Nadia de la Fuente Díaz y Maru Rosa Hernández, plantea que la política actual las obliga a identificarse como hombres o mujeres, contrariando su identidad. “Este caso trata sobre cómo podamos contar con documentos congruentes con quienes somos”, expresó De la Fuente Díaz.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la ACLU de Puerto Rico respaldaron a las demandantes mediante un escrito de amicus curiae, calificando la postura del gobierno como discriminatoria. Ahora, el Tribunal de Apelaciones deberá decidir si confirma o revoca la sentencia del tribunal federal.
