Por primera vez en 12 años, la Administración de Vivienda Pública (AVP) completó un proceso competitivo de solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés), lo que permitió aumentar de 10 a 17 la cantidad de operadores que administrarán los 328 residenciales públicos de Puerto Rico. Solo uno de los operadores seleccionados es una entidad pública, informó el administrador de la AVP, Juan Rosario.
“Completamos el proceso de RFP para dar movilidad a los agentes administradores que llevaban 12 años en las mismas áreas. Con esto, logramos un total de 16 áreas, seis de las cuales estarán a cargo de nuevos agentes competidores, representando un 36% de las unidades bajo la supervisión de administradores con experiencia previa en programas federales de vivienda”, explicó Rosario durante la sesión “En Récord”, en La Fortaleza.
El funcionario detalló que la operación de los residenciales públicos cuenta con una asignación de $49 millones en fondos federales. Los contratos firmados tendrán una duración de dos años, con opción a extenderse por dos años adicionales. En 2027, podría abrirse un nuevo proceso de subasta.
Rosario indicó que la expansión en el número de operadores responde a la reducción en la cantidad de unidades por cada administrador. “Todos estos agentes tendrán un máximo de 3,500 unidades a su cargo, lo que implica un 50% menos con respecto al volumen anterior. Antes, algunos manejaban alrededor de 7,000 unidades”, puntualizó.
Reconoció que ese alto volumen dificultaba ofrecer un servicio óptimo. Los 17 administradores seleccionados son entidades privadas, salvo el Municipio de Camuy, que figura como único operador público.
En declaraciones a El Nuevo Día, Rosario explicó que durante los pasados 12 años no se realizaron subastas, lo que constituyó una violación a regulaciones federales. Aun así, la AVP no recibió multas ni penalidades. Añadió que durante la transición del gobierno de Pedro Pierluisi al de Jenniffer González no se explicaron las razones del atraso.
“Por ley y contrato, las subastas deben celebrarse cada cuatro años, aunque se pueden extender por dos adicionales. En esta ocasión, lo hicimos por dos años, con la posibilidad de extenderlos dos más”, aclaró.
Para poder operar un complejo público de vivienda, los contratistas deben tener experiencia, personal con peritaje en finanzas, programas sociales y contabilidad, además de un capital mínimo de $1 millón.
Por otro lado, durante la misma sesión se informó que el domingo 16 de noviembre concluirá el periodo de amnistía de 90 días otorgado por el Departamento de la Familia. Esta medida permite a los dueños de centros de cuido y hogares de cuidado prolongado que operan sin licencia o con licencias vencidas regularizar su estatus y cumplir con los estándares exigidos.
Jean Peña, asesor de Asuntos Legislativos de la gobernadora, indicó que hasta el momento 116 centros se han acogido a la amnistía. La secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, no estuvo presente en la conferencia de prensa. En agosto, la funcionaria había explicado que los centros elegibles no podían tener antecedentes penales por delitos contra adultos mayores.
